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Indigna la actitud del Ejecutivo local ante las constantes violaciones en contra de nuestro patrimonio cultural urbanístico.
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Estatua ecuestre de Carlos IV
Cada uno es artífice de su ventura.
Miguel de Cervantes Saavedra
A tres años de cometido el estropicio en contra de la estatua ecuestre de Carlos IV, uno de los hitos urbanos más relevantes de la ciudad e integrante del Patrimonio de la Humanidad tanto por su factura como por su ubicación, este monumento fraguado por Manuel Tolsá y develado el 9 de diciembre de 1803 en la Plaza Mayor, será sujeto a la reconstrucción, rehabilitación y consolidación por expertos coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Tras el ataque perpetrado por una empresa contratada por el gobierno de la ciudad para dar, auténticamente, “lustre” a esta estatua, utilizando la dañina técnica que ya había aplicado a las reproducciones que ornamentan la avenida Álvaro Obregón o la Alameda Central, el desperfecto ocasionado a la extraordinaria estatua de Tolsá la puso en peligro y riesgo de corrosión, lo que conllevó a la suspensión inmediata de los trabajos y a la búsqueda de la solución científica a su restauración y a la consolidación de su basamento, afectado por los imperceptibles asentamientos diferenciales que se registran en su última ubicación urbana.
A pesar de la gravedad del delito perpetrado a una pieza patrimonial de enorme relevancia histórica, las autoridades han evitado sancionar a los realmente responsables del perjuicio, garantizando así una “impunidad a galope” que fomenta otras acciones depredadoras en contra del patrimonio histórico de nuestra ciudad y del país.
Resulta irrebatible que el gobierno de nuestra ciudad violó la ley de monumentos aplicable al caso, al adjudicar la obra de restauración del monumento sin contar con la autorización obligatoria para ello, lo que derivó en la aplicación de una técnica corrosiva para el monumento, cuya corrección y estabilización resulta urgente ante el riesgo de la profundización del desgaste material que ello conlleva.
En este mismo contexto, es irrefutable que para muchos funcionarios de la Ciudad de México nuestro patrimonio histórico resulta un obstáculo a sus aspiraciones “modernizadoras” y, en consecuencia, el INAH —institución legalmente facultada para el resguardo de la memoria monumental del país— es una traba y les tiene sin cuidado la propia Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, promulgada en abril de 2000 y reformada en noviembre de 2014, que es impunemente violada por quien la juró cumplir y hacer cumplir un 5 de diciembre de 2012.
Por ello indigna la actitud evasiva del Ejecutivo local ante las constantes violaciones que desde los más diversos ámbitos de su administración se perpetran en contra de nuestro patrimonio cultural urbanístico y su inmoral protección a los verdaderos responsables de la comisión de tales atentados contra el bien común de los capitalinos y de la humanidad.
Esta arista de desgobierno y un inocultable desprecio por la participación social y la cultura fraguan, parafraseando a Cervantes, esta desventura de la que Miguel Ángel Mancera es su propio artífice.