[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]

La aplicación de la reforma educativa no puede suspenderse ni abrogarse, en tanto no lo decida el Congreso de la Unión.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

Estado de derecho e ingobernabilidad

Los elementos del Estado, de acuerdo con los principales doctrinarios en la materia, son: territorio, pueblo, gobierno y orden constitucional. Para que pueda funcionar adecuadamente la nación requiere de un Estado de derecho que se fundamenta en la aceptación del gobierno y gobernados en el cumplimiento de la ley.

La situación grave que se ha planteado en México en torno a la reforma educativa ha producido manifestaciones violentas por parte del magisterio, que van más allá de las libertades democráticas y derechos humanos, pues la CNTE ha decidido enfrentar al gobierno de la republica con actos violentos e ilícitos en los estados de Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca e incluso Nuevo León, implican la necesidad de una aplicación rigurosa del derecho.

No se trata de una manifestación magisterial solamente, sino de organizaciones sociales y políticas como del partido Morena que afectará el proceso electoral de 2018.

La aplicación de la reforma educativa no puede suspenderse ni abrogarse, en tanto no lo decida el Congreso de la Unión, ya que no es potestad del Ejecutivo aplicar, o no, la Constitución; la debe aplicar.

Por eso, aun cuando los documentos presentados por la CNTE y la Segob el pasado 5 de julio tienen visos de civilidad y de respeto, no corresponde a la realidad ese diálogo de sordos, mientras se encuentre secuestrada gran parte de la población del sur del país, particularmente Oaxaca y, a partir de esa misma fecha, la capital de la república.

El gobierno, después de los homicidios de Nochixtlan —que por cierto no han sido aclarados— ha adoptado, a través de la Segob dos actitudes: por una parte un ultimátum, un ¡ya basta! a las violaciones constantes al orden jurídico; y, por otra, la insistencia de abrir las puertas a un diálogo que pudiera dar cauce al conflicto. Lamentablemente las posiciones son irreductibles y quien paga los platos rotos es el pueblo de México, estrangulado en su derecho al libre tránsito y a la educación gratuita y laica de sus hijos.

Una vez más, se dio un plazo hasta el próximo lunes 11 de julio. Pero ¿qué pasara después con la petición de la CNTE de suspender el proceso de la reforma educativa? Ya que no es posible jurídicamente darle una solución, pues la aplicación del orden constitucional no se sujeta a la decisión administrativa del Ejecutivo. La Constitución se cumple o se viola.

Más allá de las consideraciones políticas de los partidos o de la sucesión presidencial, está la gobernabilidad del país, que no puede, ni debe, ser quebrantada, so pena de que la anarquía crezca y la nación se nos deshaga entre las manos, pues si bien la reforma constitucional fue aceptada por todas las fuerzas políticas, también es verdad que pueden modificarse metodologías y estrategias encaminadas a un fin superior. Ya que el problema no es estar con el gobierno o con los maestros, sino entender el valor del derecho y de la Constitución.

El diálogo sólo será posible si la CNTE y sus aliados deciden quitar la soga que, hoy, ahorca carreteras y mexicanos y asfixia el ambiente de libertad.

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong —quien se juega su futuro político— tiene que resolver el tema de manera pronta y expedita. La ciudadanía ya no puede esperar.