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En la abrumadora mayoría de los casos, fue el Estado mexicano el que formó a esos profesores de los que ahora se queja.

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O el país va al despeñadero

El actual movimiento del magisterio es consecuencia directa de una reforma educativa proyectada en los gabinetes tecnocráticos y metida con calzador en la legislación, merced al cochupo del PRI, el PAN y el PRD con el gobierno federal.

En ningún momento se pidió opinión a los profesores sobre el proyecto de reforma ni en torno a los cambios jurídicos procesados sobre las rodillas, con plena irresponsabilidad de diputados y senadores, levantadedos que proceden por reflejos condicionados, tristes legisladores que se asumen en la práctica no como representantes populares, sino como meros sirvientes del presidente en turno.

Lo que está a discusión no es la necesidad de una reforma educativa. Los mentores son quienes más sufren las deficiencias del actual sistema, de los anticuados métodos de enseñanza, de las instalaciones escolares inadecuadas, de la falta de material didáctico, de la ausencia de programas asistenciales en beneficio de los alumnos y muchos otros problemas.

Se acusa al magisterio de no contar con una buena formación, a la altura de estos tiempos. Sin embargo, se olvida que en la abrumadora mayoría de los casos, fue el Estado mexicano el que formó a esos profesores de los que ahora se queja, y que los formó en un sistema de educación normal al que los tecnócratas han visto siempre por encima del hombro, con un desprecio notorio y lesivo.

Hace más de treinta años que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) viene denunciando esos problemas que inciden en la calidad de la enseñanza y en sus resultados. Los gobernantes se han limitado a tratar el asunto como un conflicto político, sin buscar, de acuerdo con los profesores, las soluciones que demanda una educación obsoleta e insuficiente.

Las movilizaciones de hoy ya no se limitan a las entidades donde la CNTE es mayoritaria. Numerosas secciones controladas por los charros del sindicalismo oficialesco han empezado a levantarse. Las múltiples fórmulas de cooptación y corrupción tradicionalmente empleadas por el gobierno y los liderzuelos sindicales ya no pueden contener la rebeldía magisterial, que ahora se expresa en entidades que se creían a salvo de toda disidencia.

Como ha ocurrido durante más de tres décadas, en este sexenio el juego ha sido combinar la represión con el disimulo, en la idea de posponer todo intento serio de solución para desgastar a los maestros y vencer por cansancio a quienes están movilizados. Pero ese intento de pudrición ha fallado y el movimiento contra la reforma impuesta se extiende por todo el país.

La falta de propuestas serias por parte del gobierno, la terquedad en imponer una reforma punitiva, la campaña de linchamiento mediático contra los profesores y los métodos represivos puestos en juego ya empezaron a dar los frutos envenenados que podían esperarse. De ser confirmada la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Nochixtlán actuaron “civiles armados ajenos a la autoridad y a la disidencia magisterial”.

Por supuesto, puede tratarse de una estratagema del gobierno federal, que históricamente, en otros casos de movilización social, ha recurrido al empleo de provocadores para darle pretextos a la represión. Sí, pero puede ser algo mucho más preocupante para quienes están obligados a prever para salvaguardar la paz social, ahora tan maltrecha.

Cuando la autoridad pospone indefinidamente las soluciones, los movimientos sociales tienden a la descomposición. El cierre de caminos deriva en una irritación generalizada, la que es un excelente caldo de cultivo para los desesperados que al no considerar viables las fórmulas legales, optan por la violencia y el nihilismo.

En casos semejantes, por ejemplo después de que fuera aplastado el movimiento médico o al ser reprimido el movimiento estudiantil de 1968, surgieron núcleos guerrilleros que fueron fácilmente desmembrados mediante el asesinato de unos militantes, el encarcelamiento de otros y la desaparición de algunos más. Aquello funcionó entonces para la preservación del sistema, pero toda represión tiene un costo y hoy el Estado mexicano no tiene con qué pagar. Las instituciones están agotadas, una respuesta violenta del Estado puede desatar demonios que arrastren el país a una mayor desgracia.

Llegó la hora de derogar la reforma educativa y de proceder a la elaboración de otra que tome en cuenta a los profesores. No hacerlo es mandar el país al despeñadero.