Las argucias de los gobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, respectivamente, ya resultan demasiado incómodas para el PRI, la imagen de los mandatarios por el desfalco financiero de sus entidades, así como señalamientos de corrupción, oscurece al PRI en vísperas de la elección presidencial del 2018.
El deslinde hacia el trío de gobernadores llega a tal grado que que el consejero político nacional del PRI, Armando Barajas Ruiz -quien preside la “Corriente Solidaridad”- ha solicitado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, iniciar un procedimiento de la expulsión de las filas del tricolor de Roberto Borge y los Duarte.
En el documento entregado ante el órgano interno, solicita que los tres gobernadores sean expulsados “una vez acreditadas las conductas contrarias a los estatutos básicos del PRI”.
En ese sentido, la petición escrita por “Corriente Solidaridad” expone algunas situaciones que argumentan la urgencia de desterrar de ese instituto político a los mandatarios.
Cada vez es más evidente la desaprobación hacia el actuar de los gobernadores priistas en cuestión, no sólo en las entidades donde gobiernan, sino también por el partido que los llevó hasta el cargo que ostentan. De igual manera, el gobierno federal ha tomado medidas para evitar que los tres políticos se blinden ante las consecuencias judiciales que podrían derivarse de sus malos manejos.
Por justicia y por estrategia, tanto para el Revolucionario Institucional como para el gobierno de la República, es conveniente que no se midan en los escarmientos políticos y legales que recaerán en los tres gobernadores, pues se acerca el 2018 y, con ello, la contienda para elegir al próximo presidente de México.
Antes de la jornada electoral, el PRI deberá tomar decisiones contra quienes les estorben en el camino, pues eso beneficiará, en poca o gran medida, la imagen del PRI con miras a su permanencia en Los Pinos.
La solicitud de expulsión evidencia las irregularidades en las que han incurrido los gobernadores, contempladas en el artículo 227 fracción X del Código de Justicia Partidaria, que aborda las faltas de probidad y delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Respecto a Veracruz, la petición de expulsión argumenta que el Servicio de Administración Tributaria presentó 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por contratos millonarios celebrados entre el gobierno estatal de Javier Duarte y empresas “fantasma”.
Sobre Chihuahua, “Corriente Solidaridad” agregó que existen 17 denuncias contra la administración de César Duarte por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Finalmente, en el caso del gobernador, Roberto Borge, el Consejero Político Nacional del PRI recordó que el Congreso de la Unión solicitó a la ASF investigar los recursos federales otorgados a Quintana Roo en el 2015 por el orden de 16 mil 700 millones de pesos, que fueron presuntamente destinados para la renta de aeronaves ejecutivas, lo cual aún no ha sido desvanecido por el mandatario.
Pero ni la expulsión del PRI, ni las posibles detenciones que enfrentarían los tres gobernadores una vez que dejen el cargo, serán acciones dignas de aplausos; tan sólo será un acto de justicia -como pocos que se dan en el país-, pero a fin de cuentas una obligación del Estado y de los partidos políticos que gobiernan.
