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A fin de consolidar una política de desarrollo, debe trascender a hitos sexenales e ideologías políticas.
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Zonas económicas especiales
Desde que la actual administración federal anunció como nuevo modelo de desarrollo de la región sur del país la creación de Zonas Económicas Especiales, toda suerte de voces a favor y escépticas se han escuchado.
Dejando de lado las voces que todo lo aplauden, es válido hacer una serie de preguntas: ¿cómo se financiará la construcción de las zonas y la infraestructura económica que requieren?, ¿cómo se garantizará que prosperen y sean permanentes?, ¿cómo se garantizará que impacten a la población que habita su zona de influencia?, ¿cómo se evaluará su éxito o fracaso?
En general, para los gobiernos de países en desarrollo, las zonas económicas representan esquemas mediante los cuales se puede incrementar el comercio y la inversión y, por ende, el empleo y las condiciones de desarrollo de los habitantes.
En su acepción más ortodoxa, las zonas económicas son enclaves dentro de las cuales exportadores e inversionistas reciben incentivos fiscales, arancelarios y regulatorios a cambio de instalarse y dar empleo a los habitantes de la región.
Sin embargo, es importante considerar los costos que generan entre los que se pueden incluir los enormes gastos de crear la infraestructura necesaria; las pérdidas o ingresos no recibidos del gobierno por las excepciones y los subsidios y las distorsiones que generan respecto del tratamiento que se les da a otras empresas, sobre todo nacionales, que sí pagan impuestos, no reciben subsidios, ni están sujetas a un régimen aduanero especial. En el balance, hay que hacer un buen trabajo a fin de tener un resultado positivo.
La experiencia internacional nos muestra que para fomentar el desarrollo de una zona económica, se requiere un piso mínimo constituido por cuatro componentes: un marco jurídico aplicable; un conjunto de incentivos y políticas de fomento suficientes; la infraestructura adecuada y permanentemente operativa y una dirección o gobernanza que entienda y, sobre todo, persiga los objetivos que se buscan con este modelo de desarrollo.
Nuestro país ha iniciado por los componentes más elementales y sencillos. El pasado mes de junio se promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales que representa el marco jurídico para la planeación, el establecimiento y la operación de las zonas, además de establecer el objetivo de este política: “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
El proyecto de las zonas económicas es de largo plazo y no debe estar sujeto a las decisiones que año con año a veces se soslaya en los presupuestos: su mantenimiento. A fin de consolidar una política de desarrollo, debe trascender a hitos sexenales e ideologías políticas.
La ley es clara es sus objetivos, aunque hay que trabajar en sus medios. Es importante considerar la situación en la que se encuentra la región del sur donde se pretende establecer las primeras zonas económicas (en particular Chiapas y Oaxaca), no sólo se caracteriza por los altos niveles de pobreza y marginación y por los bajos niveles de educación, salud y nutrición.
Ahora bien, si como lo plantea la ley el objetivo es reducir la pobreza, los indicadores de éxito no deben ser el monto de inversiones registradas cada año o la cantidad de empresas instaladas, ni siquiera el número de empleos creados.
En materia de desarrollo social, estos indicadores pueden ser engañosos, porque las empresas, sobre todo trasnacionales, si bien buscan las mejores condiciones para invertir e instalarse, lo hacen y sobre todo permanecen siempre y cuando tengan mercado y negocio. Hay que vigilar de cerca esta situación.
El desarrollo regional y de cadenas productivas implica la conjunción de políticas de fomento económico y de infraestructura, y las zonas económicas especiales representan una parte esencial, pero no deben verse como la única.
Presidente de Consultores Internacionales