La obesidad es la enfermedad más común a nivel mundial, pero en México es una “epidemia” a la que se destina gran presupuesto del sector salud para su erradicación, pero su cura podría depender de otras circunstancias, pues el padecimiento que afecta principalmente a la población infantil, está estrechamente relacionado con el nivel educativo y las condiciones económicas que atraviesan las familias.
Las personas de escasos recursos quienes llevan una alimentación deficiente rica en grasas, son las más afectadas por este fenómeno asesino.
De acuerdo al reciente estudio “Carga económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México”, realizado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, el país gasta 120 mil millones de pesos anuales en programas de salud dedicados a tratar los casos de obesidad.
La cifra anterior representa una cuarta parte del recurso total destinado al sector salud en México, previsto para el 2016; pero dicho costo millonario, señala la investigación, no contempla los gastos médicos u hospitalarios, ni la pérdida económica por la baja en la productividad laboral de los que padecen obesidad o sobre peso.
Los 120 mmdp, entonces, se quedan cortos ante el monto real que los mexicanos destinan al problema de la obesidad; pues las consecuencias y malestares de la enfermedad obligan a las víctimas a ausentarse de sus labores, lo que a su vez genera pérdidas calculadas en 30 mmdp al año.
México es el segundo país a nivel mundial con mayor número personas adultas obesas –Estados Unidos encabeza la lista-, y el primer lugar en cuanto a obesidad infantil. Los números del Instituto Mexicano para la Competitividad indican que el 73% de la población madura padece obesidad, mientras que 35 de cada 100 niños y adolescentes mexicanos se ven afectados por este mal.
El estudio de la UNAM y la UAM detectó que México carece de programas preventivos para evitar la propagación de la patología que desencadena otras enfermedades: diabetes mellitus, hipertensión, padecimientos cardiovasculares, cáncer de mamá y próstata.
Para combatir la obesidad, el gobierno mexicano implementó otras medidas, como el alza al impuesto de los llamados productos “chatarra”, pero esto solo ha enriquecido las finanzas públicas sin que haya un cambio evidenciado en la forma de alimentación de la población, sobre todo de las familias de bajos recursos que comúnmente consumen comida alta en grasas, azúcares, sales y escasa de nutrientes.
La agitación de la vida diaria, donde el mexicano promedio trabaja largas jornadas para obtener un salario precario, obliga a las familias a consumir, a veces desde la calle, “comida exprés” o productos insalubres que, además de ahorrar tiempo, se ofertan a un bajo costo.
Paradójicamente, la nación se enfrenta a dos problemas alimentarios: por una parte, la obesidad de su población y, por otro lado, la desnutrición que aqueja al 7.25% de la población en zonas urbanas y al 14.5% en regiones rurales (según datos de la Unicef). En otras palabras, México es un país donde se come poco o se come mal.
Esta problemática no es propia de México, sino de todos los países emergentes donde los precios de las frutas y vegetales se alzan mientras la comida procesada se abarata, donde la invasión publicitaria de comida “sabrosa”, a bajo costo, tiene un efecto mayor si el consumidor se esfuerza más en hacer rendir su insuficiente economía, que en mejorar la calidad de su nutrición.
“El creciente costo de una dieta saludable” del Instituto de Desarrollo Internacional, refiere que el precio de las frutas y vegetales aumentó en un 91% entre 1990 y 2012, mientras que la comida ultra-procesada disminuyó su costo en un 20% en Brasil, México, China y Corea del Sur.
De ahí que una alimentación sana, natural y nutritiva, sea casi un lujo cada vez menos accesible para un segmento amplio de la población.
México tiene uno de sus mayores retos en el tema de salud pública. La implementación de un programa novedoso que se generalice a través de las plataformas digitales, aplicaciones, redes sociales, y que se acerque a la población juvenil podría ser parte de una verdadera lucha contra la obesidad.
El impuesto a los productos “chatarra” tendría un beneficio mayor si el recurso recaudado se empleara en políticas públicas e infraestructura, que permita a los mexicanos llevar una vida más saludable.
Pero, sin duda, la mejor herramienta es la educación, por lo que los tres niveles de gobiernos tendrán que analizar la posibilidad de incluir entre las asignaturas de la formación escolar básica la materia de “Salud Pública”, para que durante su crecimiento niños y jóvenes adopten una cultura saludable en contra de la obesidad y el sobre peso, y que haga frente también a otras enfermedades dañinas para la juventud como las adicciones.