A la crisis en materia educativa que impera actualmente en el país, se le sumará próximamente las afectaciones por el segundo recorte presupuestal que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 24 de junio, y que representa un ajuste de 31 mil 715 millones de pesos focalizados principalmente al gasto corriente.
Pero no solo el tema educativo será castigado con el recorte presupuestal, también el sector Salud enfrentará complicaciones con el “apretón de cinturón” que a nivel mundial impuso la salida de Reino Unido de la Unión Europea, coloquialmente llamado “Brexit”, y con esto el “tambaleo” de los mercados internacionales.
Tras el anuncio de la SHCP, el titular Luis Videgaray señaló que el recorte al gasto público que no involucra a Petróleos Mexicanos, será en un 91.7% aplicado al gasto corriente, lo que equivale a 29 mil 79 millones de pesos, pero el secretario omitió informar en qué rubros específicos se daría el reacomodo de recursos.
Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria evidenció el golpe que representa el recorte presupuestal anunciado por la SHCP para las áreas de Educación y Salud, ambas relacionadas directamente al desarrollo social de México. Las dos áreas ya habían sido limitadas con el primer recorte del 2016 presentado en febrero.
De esta forma, el sector educativo y el sector salud tendrán cada cual una disminución de 6 mil 500 millones de pesos en el presupuesto originalmente asignado. En total, en este año, al rubro de Salud le han restado 8 mil 562 millones de pesos, mientras que al sector Educación le fue reducido con los dos recortes un aproximado de 10 mil 160 millones de pesos.
Las repercusiones del “Brexit” en la economía mexicana no son opcionales, el recorte público es necesario pero sí es responsabilidad de las autoridades en materia financiera buscar que los ajustes presupuestales no afecten principalmente a las áreas que tienen mayor impacto en el desarrollo social de los mexicanos y que ya de por sí presentan ineficiencias.
En el tema educativo, por ejemplo, llama la atención que el gobierno federal pugne por hacer valer la Reforma Educativa y la defienda de grupos opositores mientras, del otro lado, resta recursos que afectan a programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, el cual es uno de los estandartes de la reforma al artículo tercero.
En el sector salud, el recorte presupuestal se podría traducir en mayores complicaciones para cubrir los adeudamientos de algunas entidades federativas con las empresas farmacéuticas que proveen de medicamentos a los hospitales.
Una de las inconformidades más sentidas de la población vulnerable de México se relaciona con la ineficiencia de los servicios médicos; diariamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibe un aproximado de 47 quejas, la mayoría de ellas relacionadas a carencias en la infraestructura de los hospitales, escasez de insumos básicos y falta de personal en unidades médicas.
El estudio de la CIEP resalta que de forma contradictoria, la oficina de la Presidencia de la República es una de las pocas áreas del Poder Ejecutivo que no se ve afectada con los recortes presupuestales, aun cuando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mandata que ante una disminución presupuestaria los primeros recortes deben asignarse a dicho rubro.
Es decir, la Secretaría de Hacienda no escatimará en gastos presidenciales como es difusión y prensa, pero sí en otros servicios que benefician directamente a todos los mexicanos y principalmente a los grupos más necesitados.
Pareciera que los ajustes del erario público se dictaminan sin un estudio previo y un análisis más exacto que permita identificar al sector poblacional que resentirá en mayor medida los arreglos financieros. Falta quizás tomar en cuenta las prioridades y necesidades de los mexicanos y procurar que estas queden lo más intactas posible ante un desajuste.
Queda claro que mayor recurso no significa mejor gasto. Ni mayor gasto representa mejor inversión.
