Vaya manera de terminar sus mandatos anticipadamente. A pesar de que intentaron pasar a la historia política del país como un trinomio de casos de impunidad política, los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y de última hora César Duarte, de Chihuahua; fueron exhibidos y además cuestionados en la manera en la que intentaron “vacunar” sus actos de posible corrupción. ¿A qué le temen?
Seguro entregarán sus administraciones con desvíos millonarios de recursos, con más homicidios en sus estados e incluso con actos relacionados al tráfico de influencias que les engrosaron sus bolsillos.
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las leyes “Anticorrupción” aprobadas recientemente y antes de los términos legales correspondientes por los Congresos de esos estados, propuestas a modo por los mandatarios en turno –los tres del PRI-.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, señaló que esta medida fue tomada porque los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional.
En segundo lugar, precisó, hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continuarán en vigor.
El agua le llegó a los aparejos al veracruzano Javier Duarte, quien al conocer la controversia constitucional interpuesta por la PGR ante la SCJN se desistió de sus actos anticipados e ilegales, al grado de enviar de inmediato un oficio al Poder Legislativo de Veracruz para declarar desierta la terna de titular de la Fiscalía Anticorrupción que encabezaría alguno de sus más allegados.
La terna estaba integrada por los priistas Guadalupe Porras David, ex alcaldesa de Minatitlán, duramente cuestionada por malversación de recursos; Alberto Tomassini Martínez, quien se desempeñaba hasta este martes como secretario particular de la oficina del gobernador; y del ex funcionario estatal, Francisco Portilla Bonilla.
En el caso de Quintana Roo, el mandatario señaló en redes sociales que en su estado no han promovido la creación de ningún sistema anticorrupción, por lo que se actúa con absoluto respeto al Sistema Nacional Anticorrupción.
César Duarte no se lo esperaba y, a pesar de que minutos después de las 11 de la noche de este lunes la PGR diera a conocer que también habían procedido legalmente al igual que con sus homólogos, el mandatario estatal de Chihuahua, como de costumbre, respondió con silencio.
Pero ¡cuidado!, esta medida legal se refiere única y exclusivamente al acto anticipado en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de estas tres entidades, por haberse adelantado a aprobar una ley carente, irónica, de toda legalidad.
Hasta este momento no se ha dicho por parte de la PGR si los tres mandatarios son investigados o están relacionados con hechos delictivos, desvíos de recursos o actos de corrupción; sin embargo, el mensaje por parte del gobierno federal fue muy claro y aventó una parte de sus canicas para evitar ser más cuestionado.
En este caso no se debe, ni se puede descartar la cortesía que, legalmente, brindó la federación a los gobernadores electos, que no sólo fueron legitimados en su elección por una autoridad federal emanada de otro partido político, sino que pidieron su intervención para que se investiguen todas las tropelías en las que pudieron haber caído los Duarte y Borge.
Bien dicen los que saben que en la política no se guardan resentimiento; solo se tiene buena memoria y así, en breve, se podrá conocer el trasfondo del por qué estos tres gobernadores querían impedir a toda costa ser cobijados por sus propios “fiscales anticorrupción” y evadir la acción de la justicia. Al tiempo.