El Senado de la República se perfila para facilitar las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con lo cual se eliminaría la obligación de la IP de presentar su 3 de 3 – declaración patrimonial, de interés y fiscal–.
Luego de la circulación del dictamen que será discutido el día de hoy, se espera que las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Anticorrupción del Senado, que analizan el veto presidencial al artículo 32 de la Ley 3 de 3, reconozca que la obligación a los particulares para presentar sus tres declaraciones puede significar una violación a la privacidad que puede poner en riesgo su seguridad y su vida.
“La obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal”, advierte el dictamen.
El dictamen reconoce que obligar a los particulares a presentar sus tres declaraciones constituiría una violación a su privacidad, “puede imponer una carga desmedida a los particulares que reciben recursos públicos, tanto directa como indirectamente”, destaca.
Coincide con el Ejecutivo en el sentido de que no modificar los artículos reservados, se aplicará de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos sin distinción.
“Incluso entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de una beca de entidades públicas o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público”.
El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, aclaró que la eventual aprobación de las observaciones no significa que los empresarios queden exentos de responsabilidades administrativas o penales en las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, pues recordó que hay más de 45 artículos donde se establecen dichas obligaciones y sanciones al sector empresarial.