¿Y qué hay de los tuyos?

En un hecho sin precedentes, al principio de esta semana que está por concluir, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, instruyó a la Procuraduría General de la República presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente.

¿Por qué motivo? Impedir que en estas tres entidades se implementen leyes anticorrupción a modo para favorecer jurídica y legalmente a esta tercia de mandatarios salientes, contraviniendo así el Sistema Nacional Anticorrupción, de reciente promulgación.

Lo que hizo el primer mandatario fue ponerle freno, a través de acciones legales, a eso que los panistas han dado en llamar “paquetes de impunidad”.

Por primera vez en la historia política de México hay interés e intención de combatir varias de las conductas incorrectas en las que sistemáticamente han incurrido muchísimos de nuestros finísimos políticos. Lo que no está nada bien es que mientras muchos aplauden (me voy a referir a los señores del PAN, principalmente a su líder plenipotenciario Ricardo Anaya Cortés) este tipo de acciones, que llevan dedicatoria especial para “los de enfrente” en esta ocasión, al mismo tiempo se hagan de la vista gorda con aquéllos de “los suyos” que también andan muy campantes con muchísimas cuentas pendientes, y éstos se hagan los occisos.

Si algo ha demostrado Ricardo Anaya desde su unción como dirigente nacional del blanquiazul es que trae mucho entusiasmo para poner el dedo en la llaga cuando se trata de balconear a sus adversarios. Pero al mismo tiempo manifiesta síntomas de amnesia al momento de señalar a aquéllos panistas que se han caracterizado por fallarle a su partido y a la ciudadanía.

Eso del blindaje no es endémico de gobernantes emanados del PRI. Y como muestra podemos mencionar al exgobernador albiazul de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien sólo en fianzas para no pisar la cárcel ha desembolsado al día de hoy poco más de ocho millones de pesos.

Otro que todavía no es llamado a rendir cuentas ante la justicia es el exmandatario, también panista, de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien ya le están lloviendo investigaciones, el SAT ya le incautó un rancho y hasta a sus familiares y excolaboradores ya los tienen bajo la lupa, pero a él no le han tocado un pelo.

¿Y qué tal la Chapodiputada, Lucero Sánchez, legisladora local en Sinaloa? Recientemente fue desaforada y sobre ella pesa una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; y anda muy feliz porque obtuvo una suspensión de amparo que le obsequió un juez allá en territorio sinaloense.

Otra que no canta mal las rancheras es la exalcalde de Monterrey, Nuevo León, Margarita Arellanes Cervantes, quien contrató un despacho jurídico al que le pagó casi 7.5 millones de pesos por adelantado en 2015, para que la defendiera una vez que “el largo brazo de la ley” la alcanzara por ejercicio indebido y abuso de funciones.

 

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