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Muchos mexicanos creen que como sociedad todos somos corruptos, pero sólo la mitad cree que ésta existe en su familia.

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Sistema Nacional Anticorrupción

El lunes pasado, los miembros de la sociedad mexicana testimoniamos —unos, con expectación; otros, con azoro; muchos, con incredulidad, y muchos más, entre los cuales me cuento, con esperanza de cambio— la puesta en marcha de una serie de medidas contra la corrupción que, si bien desde casi siempre, ha asolado nuestra nación, en los últimos tiempos se había visibilizado con mayor virulencia.

Hoy se ha vuelto moda afirmar que la corrupción es el mayor problema del país, muchos sostenemos que no, que el mayor problema es la enorme desigualdad social; la pobreza de una gran parte de la población es no sólo el mayor problema, es la mayor violencia que sufre México.

Problemas tenemos y muchos: inseguridad, desempleo, falta de crecimiento y una larga lista que compartimos con muchos otros países. Y desde luego la corrupción rampante que tanto lastima e indigna, por lo cual, el Poder Ejecutivo en sus tres ámbitos, el Legislativo, el Judicial, los órganos constitucionales autónomos y hasta muchas universidades, esto es, toda la organización estadual, están obligados a limpiar de raíz esta peste que de tiempo atrás ha permeado. Y no olvidemos que tampoco están limpios los empresarios, industriales, constructores y casi todos aquéllos que conocemos como iniciativa privada, a los que permeó este mal.

Muchos mexicanos —87%— creen que como sociedad todos somos corruptos, pero sólo la mitad —43%— cree que ésta existe en su familia, lo cual no deja de ser ilusorio. La mordida es “institución” de componendas menores, ha sido practicada por la inmensa mayoría, ya sea pidiendo mordida o siendo mordida para obtener ventajas u omisiones. No es mi intención hacer una reflexión sociológica al respecto.

Estoy convencido de que ésta será una nueva oportunidad para que la sociedad toda se comprometa a construir una nueva era, una nueva etapa para México. Poco importa rememorar las fallidas ocasiones en que lo intentamos, como cuando con ingenio a una de las muchas normas para combatirlas se le denominó “ley de carteros”, porque sólo éstos fueron sancionados por sustraer billetes de la correspondencia, o la que vivió más cerca mi generación en los inicios de los años ochenta de la “renovación moral” de la sociedad.

En principio, el nuevo marco jurídico es amplio e incluye la representación de la sociedad, sólo que se advierte que no tendrá mucha, o ninguna simpatía, incluir como genuinos representantes de ésta a las caras conocidas de agrupaciones que reciben apoyo gubernamental y son “ajonjolí de todos los moles” e incluso participaron en el lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en Palacio Nacional.

El paquete legal, obviamente, merece y necesita un análisis amplio, lo cual rebasa estas líneas, sólo baste citarlas, por ahora: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras.