El gobernador Javier Duarte tiene la cualidad de sonreír ante la tragedia. Para él no hay problemas de corrupción, abuso de poder, empresas fantasma para desaparecer 645 millones de pesos, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos violencia, desaparición y asesinatos de periodistas locales. Con gran facilidad niega cualquier escándalo, por eso es uno de los mandatarios más repudiados de los últimos años.

Las cuentas pendientes de Javier Duarte saltan de los millonarios desvíos a la inseguridad imparable. Veracruz se ubica como la tercera entidad más violenta del país, sólo detrás de Guerrero y Michoacán, según un estudio de Lantia Consultores. Tan sólo en el segundo trimestre de 2016 se registraron 223 ejecuciones, casi el triple que en el trimestre previo.

Sin investigaciones a fondo por parte de la Fiscalía de Veracruz, Duarte asegura que los asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación son responsabilidad del crimen organizado.

El pasado 13 de febrero, el gobernador afirmó en su cuenta de Twitter: “Salvo el caso de Regina Martínez, los demás casos donde han sido asesinados periodistas en #Veracruz, han sido por el crimen organizado”.

Sin embargo, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Freedom House han criticado su actuación en este tema, advirtiendo, incluso, que “el gobierno del estado de Veracruz ha hecho poco o nada para investigar la violencia contra los periodistas”.

Las líneas de investigación de la procuraduría se reducen a delincuencia organizada, crímenes pasionales, venganzas, atracos. Es mejor la duda, que pesquisas confiables. De acuerdo con la organización Artículo 19, Veracruz es el estado del país donde se registra un mayor número de agresiones contra periodistas. Además hay un largo historial de señalamientos por violaciones graves a los derechos humanos, en particular desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales de presuntos criminales.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, destacó que Veracruz es la entidad que más periodistas y defensores de derechos humanos tiene inscritos en el Mecanismo de Protección Federal, al atender a 56 personas.

El miércoles pasado, el periodista Pedro Tamayo Rosas fue asesinado afuera de su domicilio, en la colonia Centro de Tierra Blanca. Con este homicidio suman 18 periodistas muertos en la era Duarte. Tamayo Rosas escribía en los diarios El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, también tenía su blog En la línea de Fuego.

De inmediato la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó atraer el caso de Tamayo Rosas y condenó el homicidio. Pidió a las autoridades investigar la relación entre estos hechos y la labor periodística de la víctima.

“Cualquier tipo de agresión contra informadores y medios de comunicación provoca afectaciones de muy distinto tipo, generando espacios de autocensura y silencio en muchas regiones del país, sobre todo en aquellas entidades como Veracruz, que ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas en México”.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que pese a la existencia de medidas de protección a favor de Tamayo y la vigencia del Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz, no fue posible que las autoridades evitaran su homicidio.

En el #3292 de la revista Siempre!, nuestro colaborador Carlos Alberto Pérez Cuevas sentenció: “Además de corruptos, ladrones, saqueadores, bandidos, resulta que salieron cínicos, burlones y temerarios. Me refiero a los gobernadores de los estados de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz… Dejar de pagar los recursos a la Universidad Veracruzana, crear cientos de empresas para desviar recursos, dejar de pagar a proveedores y sobre endeudar su entidad hasta el copete, es la herencia que deja Javier Duarte”.

 

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En entrevista para Siempre!, Leopoldo Maldonado, Oficial de Protección y Defensa de la Organización Artículo 19, afirma que la Fiscalía General de Veracruz no está realizando su trabajo para esclarecer las agresiones y asesinatos de periodistas. Detalla que la principal razón de que se eleve el número de crímenes contra comunicadores se debe a la impunidad que se vive en el estado.

-¿Por qué no cesa la violencia en contra de los periodistas?

El caso de Pedro Tamayo, por ejemplo, es el primero en el que una persona integrada a un mecanismo de protección es ejecutada a las afueras de su casa, eso prende las luces de alarma porque se había presentado como una solución. El mecanismo federal y local estaba integrado por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (EAPP). Estos esquemas institucionales de protección pueden servir, pero mientras persista la impunidad y no se investiguen las fuentes de las amenazas, la ineficacia oficial seguirá siendo un aliciente para que estos hechos sucedan. Lo que hace falta es que la protección no se entienda sólo como la seguridad física, sino también como la debida diligencia en las investigaciones respecto a los factores de riesgo, amenazas y hostigamientos.

-¿Por qué fallaron las medidas de seguridad que se le dieron a Pedro Tamayo? ¿Observa complicidad de la policía local?

Pedro Tamayo se reintegró en enero y tuvo que salir un tiempo de Veracruz. Regresó con una medidas, partió de nuevo con su familia, no se investigan la fuentes de las amenazas y no se identifica y sancionan a los responsables. Esto genera un clima favorable para que escale la violencia: denuncio amenazas, me protegen las autoridades pero no investigan las intimidaciones, el paso siguiente es que se cumplan esas amenazas. Queremos una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos a favor de la Libertad de Expresión a nivel federal, que tenga facultad para atraer casos de fuero común. Hay que recordar que desde noviembre se lanzó la llamada “Alerta Veracruz”, por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, un mecanismo de coordinación entre ambos niveles de gobierno. Fiscalías, precisamente, para lograr que se frene este clima de adversidad que prevalece en el estado de Veracruz para el ejercicio periodístico.

-¿Qué opinión tiene sobre la postura de Javier Duarte, quien asegura que todos los casos de periodistas asesinados están relacionados con el crimen organizado?

Nos parece una visión muy simplista, porque en muchos casos están involucradas las autoridades estatales o municipales. Si bien es cierto que en muchos de estos casos se encuentra la liga crimen organizado-autoridades, Duarte tiene una responsabilidad como titular del Ejecutivo, porque está penetrando el crimen en las filas de su policía. No puede deslindarse diciendo que son asesinatos del crimen organizado, cuando sabemos que hay una compenetración entre autoridad y el narco en Veracruz. Aún suponiendo que no hubiera convivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables. El  gobierno de Veracruz también es responsable por omisión.

-¿Cuáles son las exigencias, en este sentido, al gobernador electo Miguel Ángel Yunes?

Que ataque el problema de raíz, que adopte políticas integrales. Estamos cansados de medidas reactivas. Este problema va desde la limpieza de las policías, la integración de elementos con capacidades probadas en la Fiscalía General de Veracruz, la revisión de los casos que están pendientes, asuntos emblemáticos con el de Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez y Anabel Flores. Hacer un deslinde respecto al gobierno de Duarte, implicaría hacer una investigación verdadera de esos casos y otros más en donde se han visto irregularidades, donde ha prevalecido la impunidad.

 

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Aquí recordamos a los periodistas asesinados y desaparecidos que no quiere ver el gobernador Javier Duarte: