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Leyes no nos faltan, lo que escasea es la justicia.
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Los frutos malditos de Calderón

 

Felipe Calderón es responsable de la muerte de cien mil mexicanos —60 mil dicen las fuentes oficiales, como si eso disminuyera su culpa—, de la desaparición de 25 mil personas y del desplazamiento forzado de por lo menos un cuarto de millón de seres humanos. Son las cifras de un verdadero genocidio que entre 2006 y 2012 nos presentaban como algo cotidiano, inevitable y hasta justo. Por lo menos ésa fue la pretensión de aquel nefasto gobierno panista.

Hubo un aspecto que los analistas destacaron menos, aunque era evidente su gravedad: la violencia de género, que se expresa en abusos que van desde los insultos y empujones hasta la violación tumultuaria y la tortura mediante golpes, apretones, ahogamiento y toques eléctricos en genitales, lo que puede ocasionar la muerte y seguramente la ocasionó en muchas mujeres que no soportaron el tormento.

Además de los crímenes citados, el gobierno de Calderón, con la preciosa ayuda de los medios de comunicación, pretendió que tales canalladas fueran consideradas normales y hasta naturales. En otras palabras, se fomentó una cultura de la muerte y, por supuesto, se quiso mostrar la tortura y la violencia de género como algo inherente a la “guerra contra el crimen organizado”, a fin de cuentas aceptable porque en esa perspectiva los buenos están de un lado y los malos enfrente.

La enorme contribución calderoniana a la violencia de género tuvo los frutos malditos que puede producir un suelo largamente abonado por el machismo. Pero la agresión contra las mujeres ha llegado a extremos incompatibles con la civilización. Esa agresión se expresa desde los tocamientos y arrimones en el metro hasta en las violaciones y asesinatos de quienes cometen el tremendo delito de pertenecer al sexo femenino.

Por supuesto, no se trata de algo abstracto, sino de un monstruoso problema social que las cifras ilustran en forma contundente. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2014 a septiembre de 2015, tan sólo en 17 estados, se reportó la muerte violenta de 2391 mujeres.

Por supuesto, la violencia contra las mujeres es condenable y existen leyes que castigan severamente el asesinato, aunque no faltan jueces que por machismo o corrupción buscan la manera de minimizar el hecho y reducir la penalidad del inculpado e incluso dejarlo en libertad. La impunidad es casi total cuando los que ejercen la violencia de género son policías, marinos, soldados o agentes del ministerio público.

Entre enero de 2012 y diciembre de 2015, 2750 declaraciones de mujeres arrestadas por supuestos vínculos con el crimen asentaron que habían recibido maltrato psicológico o físico y vejaciones sexuales para obligarlas a declararse culpables. Sin embargo, sólo un mísero tres por ciento logró auto de libertad, pues generalmente es muy difícil probar la tortura y el abuso sexual, entre otras cosas porque, en el ámbito federal, quienes dictaminan estos casos son psicólogos autorizados por la Procuraduría General de la República, precisamente la parte acusada.

De acuerdo con el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, de Amnistía Internacional, de cien casos analizados de 2011 a la fecha, 72 por ciento de las mujeres detenidas sufrieron tortura sexual, física y psicológica a manos de sus captores. De ellas, 66 por ciento presentaron denuncia ante el juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se abrió una investigación cuyos resultados se desconocen.

Ante un panorama tan indignante, se dice que este año la Cámara de Senadores discutirá un proyecto de ley general sobre la tortura, como si eso fuera a resolver el problema. Leyes no nos faltan, lo que escasea es la justicia.