La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que además de las 22 personas “ejecutadas arbitrariamente” por la Policía Federal, durante el enfrentamiento con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, fueron colocadas armas deliberadamente, se torturó a por lo menos dos hombres, mientras a otros se les disparó por la espalda y uno más fue quemado vivo.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, al presentar el informe que la comisión elaboró sobre el caso, dijo que con base en “pruebas científicas y técnicas” es posible comprobar que se cometieron hechos que implican graves violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos.

Señaló que en los hechos donde 42 presuntos delincuentes murieron durante un operativo policial, hubo violaciones al derecho de la vida por el uso excesivo de la fuerza, violaciones al acceso a la justicia, tratos crueles, degradantes, violaciones a la verdad por la falsedad de los informes de la Policía Federal, manipulación en la escena del crimen, entre otras.

El organismo encontró irregularidades en la versión oficial del gobierno, y destacó que las evidencias exponen la falta de veracidad en las declaraciones de los policías que participaron en un operativo, incluso la alteración y colocación de armas en los cuerpos de las víctimas.

Determinó que, con base en el análisis de balística y otros peritajes, las 22 personas privadas de la vida se encontraban en posición de desventaja y recibieron impactos de bala desde distancias lejanas. Una vez masacrados les fueron colocadas las armas y en dos casos, los restos fueron calcinados.

El titular de la CNDH notificó que la instancia que dirige ya emitió una recomendación general al Estado mexicano y agregó que el combate al crimen debe ser con el debido apego al derecho y procurando el bienestar de civiles, y se debe hacer uso proporcional de la fuerza, con criterios internacionales, de lo contrario se fomenta la impunidad.

Gobierno responde

Al asegurar que el gobierno mexicano aceptará la recomendación de la CNDH por los hechos ocurridos en Tanhuato, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, señaló que la actuación de los policías federales fue apegada a los procedimientos existentes en el país sobre el uso de la fuerza.

Indicó que los policías federales ordenaron a los sospechosos tirar sus armas y se rindieran, pero recibieron disparos como respuesta. “El uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa, a nuestra consideración, en legítima defensa”.

Los hechos

El 22 de mayo de 2015, luego de una supuesta denuncia ciudadana, donde se refirió que en el Rancho del Sol -ubicado en Tanhuato, Michoacán- irrumpieron integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Policía Federal hizo un operativo en el lugar referido, cuyo saldo dejó 43 personas muertas, entre ellas un uniformado, así como decenas de heridos.

Hay que recordar que semanas antes, el 1 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en el marco de la “Operación Jalisco”, al realizar reconocimientos aéreos por tropas militares, fue localizado un grupo de vehículos con personas armadas –miembros del CJNG– sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, en el estado de Jalisco, quienes agredieron al personal militar con disparos que impactaron a un helicóptero Cougar.

A bordo de la aeronave se trasladaban 18 elementos: 5 de tripulación, 11 pasajeros militares y 2 agentes de la Policía Federal, reportándose la muerte de 3 militares, así como 10 militares y 2 policías lesionados, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Militar Regional de Guadalajara para su atención. En su momento el presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de los tres militares atacados por miembros de la delincuencia organizada.

En entrevista para Siempre!, Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y ex asesor Interregional de Drogas y Delito de la Organización de las Naciones Unidas, detalla que desde hace una década se propuso la Ley General en Materia de Uso de Fuerza, nunca fue discutida por el Senado de la República, por lo que no existe un marco normativo adecuado para lidiar entre la fuerza pública y los derechos humanos.

-¿Qué opina sobre las “ejecuciones arbitrarias” que la CNDH reporta en si informe sobre el caso Tanhuato?

Creo que, como lo dijo el Comisionado Renato Sales, hay que estudiar el caso completo para saber con precisión qué es lo adecuado en ese informe y qué no. La CNDH tiene capacidad de investigación de violaciones de derechos humanos, pero tampoco hay que olvidar que a veces no hay un proceso de confrontación entre unas hipótesis y otras, eso lo tiene que hacer la autoridad ministerial. Esto no quiere decir que la Comisión haya hecho las cosas equivocadas, quiere decir que estamos al principio del proceso y en la parte media de la investigación. Hay que distinguir claramente entre un asunto de legítima defensa como señala Sales y una ejecución extrajudicial. La diferencia entre un exceso del uso de la fuerza y la ejecución extrajudicial consiste en que la ejecución extrajudicial es voluntaria, busca generar la privación de la vida, esto no es un homicidio. Es importante la recomendación de la CNDH, es fundamental a que se esclarezcan los hechos y que se determine con precisión cada una de esas circunstancias que señala la CNDH.

-En el caso específico de Tanhuato, ¿la CNDH está intentando defender a presuntos delincuentes?

Siempre he sido muy cuidadoso en este asunto, independientemente de las circunstancias. Quienes estaban allí, de acuerdo a los indicios, formaban parte de un grupo violento que había tomado de manera ilegal un rancho, eso es un hecho de facto, está esclarecido completamente. El dueño del rancho llamó a la autoridad para solicitar el apoyo porque el Rancho del Sol estaba tomado. Semanas atrás había derribado, este mismo grupo delincuencial, un helicóptero militar donde murieron soldados y policías federales. Es decir, es una circunstancia que está ahí y no debe ser olvidada. El día de hoy tampoco sabemos bien qué pasó en Puerto Vallarta, todavía falta investigar, y está vinculado el mismo grupo delincuencial (CJNG). Estamos frente a una situación gravísima y creo que hay que tomar las cosas en su justo punto. Hay que sancionar a quien haya que sancionar, pero no hay que olvidar las condiciones, las circunstancias objetivas de la confrontación brutal que se dio.

-¿Cómo calificaría la actuación de la PF en Tanhuato? ¿Considera que los hechos fueron una venganza contra el Cártel Jalisco Nueva Generación?

Hay que analizar, no lo tomo como venganza, debemos analizar las circunstancias de cada hecho a la luz del contexto. Los policías de Tanhuato están sometidos a una presión y a un estrés mucho mayor que en otros municipios, sin embargo, la policía norteamericana, por ejemplo, reacciona de distinta forma porque está amenazada la vida de sus elementos y tienen todo el derecho de usar la fuerza. ¿Hay excesos en México? Sí, ¿hay excesos en Estados Unidos? También. Lo que quiero decir es que el contexto en que se analiza la situación, en la que siempre la legítima defensa es una acción sin derecho, tiene que ser inminente y la reacción tiene que ser proporcionada. Para mí no es relevante, por ejemplo, la circunstancia por la que estaban descalzos, algunos dormidos, y eso no quiere decir que no estuvieran disparando desde adentro, y tan dispararon que mataron a un policía federal. Hay que dejar que la policía ministerial y la PGR terminen la investigación.

-¿En México existe una crisis de derechos humanos? ¿Tanhuato, Ayotzinapa y Tlatlaya lo confirman?

Tenemos un problema de crisis de derechos humanos derivada de varios aspectos. El cuestionamiento que hago es que la situación mexicana se puede sugerir a la situación norteamericana como crisis de derechos humanos, por incidentes que han ocurrido últimamente en ese país. No comparto la idea de que la crisis sea generalizada, sí comparto la idea de que nuestras instituciones son más débiles, sí comparto la idea de que todavía no tenemos policías adecuadas, no tenemos ministerios públicos eficientes para el nuevo sistema penal y este es un cambio cultural que se está dando, pero no toda la culpa la tienen los miembros del sector justicia. Muchos de los gobernadores, con algunas excepciones, dejaron toda la carga a los recursos federales y hay que exigirle a los mandatarios locales y a los presidentes municipales que mejoren a sus policías.

-¿Por qué el Gobierno Federal no ha sido capaz de resolver estos casos emblemáticos de violencia? ¿Qué ha fallado?

Estamos en un momento muy crítico, siempre dijimos desde el principio de este proceso, que ya duró 8 años, que los cambios al nuevo sistema penal acusatorio no era una responsabilidad del gobierno federal sino en primera instancia de las autoridades locales y municipales. Sólo 11 estados del país pudieron implementar el nuevo sistema sin problemas como Yucatán, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad de México. La responsabilidad de hacerlo bien es de los gobernadores, no es responsabilidad del gobierno federal. Ellos apoyaron, pero tener mejores policías es una responsabilidad local. La responsabilidad del gobierno federal es subsidiaria. Resolver el caso de Ayotzinapa es responsabilidad del gobierno de Guerrero, el gobierno federal solo coadyuva. En el caso del operativo de Tanhuato sí es una responsabilidad del gobierno federal, pero hay que ir distinguiendo las consecuencias. El aumento a la delincuencia es producto de la mala implementación de los gobernadores del sistema de justicia penal, los gobiernos locales están fallando.