[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]

Uno no alcanza a entender cómo los empresarios se atreven a protestar.

[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

 

Del malhumor al estallido social

México no se cuenta entre los países más pobres, pero sí se caracteriza por ser uno de los de peor distribución del ingreso del mundo. Y es un hecho que, a partir de la implantación de las políticas neoliberales y de las reformas estructurales que vinieron con ellas, la situación ha empeorado notablemente.

Basta mencionar que los salarios reales, o sea, los que se calculan considerando el aumento de precios, no han dejado de disminuir desde 1977, cuando se empezaron a aplicar los topes salariales, de modo que hoy el salario mínimo ha perdido más del 70 por ciento de su valor, o dicho en otras palabras, los trabajadores que reciben un salario mínimo apenas pueden comprar un 30 por ciento de lo que compraban en 1976 con el salario mínimo de entonces.

Y como los topes salariales significan que todos los demás salarios siguen la misma tendencia que los mínimos, puede concluirse que los trabajadores del país en su conjunto hoy han perdido un 70 por ciento de lo que ganaban a mediados de los años setenta.

Naturalmente, esa pauperización ha tenido su contraparte en los ingresos de los capitalistas, de manera que en nuestros días, de acuerdo con los datos del INEGI, los ingresos de los mexicanos más ricos superan en 47 veces a los que perciben los más bajos. Ésa es la medida de la desigualdad en México.

En un país con estas características, uno no alcanza a entender cómo los empresarios se atreven a protestar porque, según ellos, las movilizaciones de la CNTE les han causado un descenso en sus ganancias. Y, además de regañar al secretario de Gobernación y acusarlo judicialmente, junto a Peña Nieto, por no reprimir más a la CNTE, en el colmo de la soberbia demandan la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que yo sepa, en ningún país del mundo, y por supuesto en México tampoco, se ha pensado en establecer la ganancia monetaria como un derecho humano.

Aunque en todas sus declaraciones la queja es precisamente por las supuestas pérdidas que les ocasionan los plantones de la CNTE, a la hora de plantear sus demandas pretenden ampararse en el derecho de tránsito que establece la Constitución, pero ellos y todas las campañas en los medios que enarbolan ese derecho para oponerlo al de libre expresión y manifestación, o no han leído la Constitución, o simplemente fingen no entenderla.

La Carta Magna no aborda problemas de vialidad, no se ocupa de establecer principios para los reglamentos de tránsito; a lo que explícitamente se refiere la Constitución es al derecho de los mexicanos a movilizarse dentro del territorio nacional, sin necesidad de un pasaporte o cualquier otro documento o salvoconducto.

Las acciones y los gritos de los empresarios han despertado la indignación, no sólo de los profesores agrupados en la CNTE, sino entre los trabajadores de otros ámbitos y desde luego entre intelectuales, artistas y académicos.

El gobierno está obligado a hacerles entender a los empresarios que el camino para resolver el conflicto no es la represión sino, como planteó en solitario el también empresario Alfredo Harp Helú, el diálogo y el respeto por los profesores. Ellos no son delincuentes, sino precisamente quienes pueden plantear —y lo están haciendo— con mayor conocimiento y experiencia la verdadera reforma educativa, no simplemente laboral, que mejoraría la calidad de la educación con la voluntad de modernizar y con apego a los principios que han forjado a la nación.

Basta observar las protestas de los miles de campesinos que colmaron el Zócalo, o los propios plantones de la CNTE y el apoyo que se les brinda, las manifestaciones que se multiplican a lo largo y ancho del país, o medir el deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, para comprender que estamos en un momento sumamente peligroso, en que el uso de la violencia puede operar como el detonante para que se pase del malhumor social, como dice Peña Nieto, al estallido social.