A nivel internacional, principalmente los países desarrollados, han instrumentado durante los últimos años estrategias y políticas nacionales tendientes a fortalecer sus sistemas financieros, dado que la experiencia les ha demostrado que los sistemas bancarios y los mercados accionarios estimulan el crecimiento. Para el caso de los países en desarrollo, la solidez de sus Sistemas se vuelve un factor que incide de manera determinante en la reducción de la pobreza y en el bienestar general de la población.

Sin embargo para estos países el reto es mayúsculo, dado que tienen bajos niveles de penetración financiera y altos índices de pobreza. Estudios del Banco Mundial revelan que dos mil millones o el 38% de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aún mayor no tiene cuenta bancaria debido a los costos, las distancias de viaje y a los requisitos que se deben cumplir para abrir una cuenta.

Una de las principales barreras de acceso a los servicios bancarios se vincula con el nivel de ingresos: el 20% de los adultos más ricos de los países en desarrollo tiene el doble de probabilidades de poseer una cuenta formal que el 20% más pobre. Paradójicamente, aunque los pobres no tienen el mismo acceso a productos financieros que los individuos con niveles más altos de ingresos, el impacto socioeconómico es mucho mayor, dado que el simple acceso y uso empodera a las mujeres, aumenta el consumo y las inversiones productivas, eleva los ingresos y la productividad, incrementa los gastos en salud preventiva y fomenta el ahorro.

Datos de la OCDE refieren que en los países de ingreso alto, el acceso a una cuenta es casi universal, con un 94%. En América Latina y el Caribe el promedio es del 51%. En México apenas el 39% tiene una cuenta, cifra que se encuentra por debajo de Chile, con un 64%, y casi a la par del Salvador, con un 37%.

Otro de los factores que impide el acceso y uso de los servicios financieros de manera eficiente es la falta de educación financiera. De acuerdo a la Encuesta Global de Educación Financiera de Standard and Poor’s, realizada a 148 países durante 2014, los países escandinavos como Noruega, Dinamarca y Suecia son quienes tienen las tasas más altas de educación financiera a nivel mundial, con 71%. Le siguen Israel y Canadá, con 68%. Para el caso de la región latinoamericana, México se encuentra por debajo de Chile (41%) y Brasil (35%); a la par de Colombia (32%), y por encima de Perú y Argentina, ambos con 28%.

Este escenario ha llevado a los gobiernos a incorporar en sus agendas la inclusión financiera como un tema prioritario. Si tomamos la definición de inclusión financiera, de  la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE, como el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados, y la ampliación de su uso por todos los segmentos de la sociedad, a través de la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera, con el fin de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social, observamos que se requiere de una estrategia integral y de la suma de esfuerzos de todos los actores involucrados.

En el caso de México el gobierno ha decido asumir este reto y con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera logró cumplir con el 72% de 100% de los aspectos que evalúa la firma Brookings, entre los que destacan el acceso, el uso de los servicios financieros y la regulación, lo cual lo ha colocado en el Top Ten de las naciones con mayores avances en la materia.

*SECRETARIA DE LA  COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

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