El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, para dar pronta resolución a los bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Castañón afirmó que los empresarios seguirán con la presentación de demandas de amparo y el juicio colectivo del orden penal. Admitió que los bloqueos han ido disminuyendo, aunque indicó que siguen los daños económicos a los comercios. En Oaxaca había alrededor de 30 y 35 bloqueos, actualmente únicamente hay tres o cuatro.

Castañón señaló que Osorio Chong tiene en sus manos la herramienta de la fuerza pública, la cual puede usar profesionalmente para que no haya incidentes. “Es necesario que se levante el conflicto para que las empresas y las personas puedan trabajar en paz y pueda dirimirse el conflicto en los próximos días”.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que el uso de la fuerza debe considerarse en casos extremos, sin que signifique terminar con el diálogo.

De Hoyos manifestó que el sector empresarial no pide “dádivas ni tratamientos excepcionales”, únicamente solicita al gobierno programas de reactivación económica para revertir los efectos de los bloqueos magisteriales. Explicó que se requieren programas especiales en la CDMX, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estados que han sido afectados por las movilizaciones.

“Sin duda estamos preocupados porque siguen pasando los días y siguen violándose los derechos fundamentales de los ciudadanos; hoy mismo existen plantones que impiden a los ciudadanos realizar actividades normales en las oficinas públicas o transitar por algunas carreteras. El Estado mexicano no puede tolerar la violación sistemática y reiterada del Estado de derecho por parte de ningún grupo”.

Asimismo, negó que se esté promoviendo entre los empresarios el “no” pago de impuestos, pero señaló que buscan mecanismos de apoyo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la extensión de plazos para el cumplimiento de obligaciones.

De Hoyos aclaró que no son enemigos del gobierno ni de las instituciones, pero no serán cómplices ante las omisiones que dañan a los mexicanos y a los estudiantes. Además, precisó que no promoverán la represión de los movimientos sociales, mientras éstos se apeguen a la ley y respeten los derechos humanos.

Ayer, el juez de Distrito en Materia Administrativa recibió el informe por escrito del Ejecutivo, en torno a la demanda de amparo que interpuso la Coparmex por la falta de resultados por parte del gobierno frente a los bloqueos magisteriales. La respuesta se espera esté lista el 20 de septiembre.