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Torturas, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, denegación de justicia…
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Continúan las denuncias
La crisis de derechos humanos en que está envuelto el país cada día se hace más y más visible en el plano internacional. Dos sucesos de reciente data corroboran la validez de este enunciado. El primero de ellos es el hecho de que el comité presupuestal del Senado estadounidense propuso a los integrantes de dicho cuerpo legislativo que se retenga el 25 por ciento de los recursos que habrán de destinarse al financiamiento de los proyectos de asistencia militar encuadrados dentro de la Iniciativa Mérida. Tal recorte fue antecedido por una reducción de 15 por ciento de los fondos decretada por el gobierno de Barack Obama en los albores de 2016.
Tan enérgica medida es fruto de la preocupación de los congresistas en torno a las desapariciones forzadas y otros crímenes en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Por lo mismo, la merma económica estará vigente hasta que las autoridades mexicanas investiguen y hagan comparecer ante los tribunales civiles a los responsables de las tragedias ocurridas en Tlatlaya y Ayotzinapa.
En segundo término, destaca por su importancia la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido en menos de siete meses aproximadamente 600 quejas en contra del Estado mexicano, con lo que éste se halla ya enfilado para ostentar por tercer año al hilo el ignominioso primer lugar en los anales hemisféricos de los ataques a las prerrogativas fundamentales de las personas. Las denuncias están referidas mayoritariamente a casos relacionados con torturas, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, denegación de justicia y uso abusivo de la figura de la prisión preventiva.
La masacre del pasado 19 de junio se está encaminando a pasos agigantados hacia el escenario supranacional, entre otras razones, porque, como fue puesto de manifiesto durante la comparecencia del titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ante una comisión senatorial, se han estado desplegando maniobras de ocultamiento de circunstancias extremadamente graves: I) el desbloqueo de la autopista tomó 15 minutos, empero, sin justificación alguna, las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona urbana y ahí arremetieron contra la población a lo largo de ocho horas, II) policías federales incursionaron en una colonia popular e hicieron descargas de gas lacrimógeno contra mujeres y niños, III) además, tomaron el control e impidieron al personal médico atender a los heridos, quienes fueron acosados, intimidados y perseguidos.
Así pues, el Estado mexicano pronto estará otra vez en el ojo del huracán internacional, pues a más de un mes del nefando ataque de Nochixtlán no ha habido verdad, ni justicia, ni reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, ni garantías objetivas de la no repetición de los hechos, ni acciones tendentes a la preservación de la memoria histórica de los civiles indefensos cuyas vidas fueron mancilladas con balas provenientes de rifles de asalto.