Entrevista con Alejandro Hope | Especialista en seguridad

Por Paulina Figueroa

 

Dicen que más triste que la muerte es la manera de morir. Y en México los presidentes municipales son asesinados de una forma despiadada. Durante 15 minutos, hombres armados ejecutaron, con armas de alto poder, al alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. En la emboscada del pasado 23 de julio había 600 cartuchos percutidos de diferentes calibres, de los cuales 300 impactaron en el vehículo del perredista.

Cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) indican que durante 2016 se han registrado cinco asesinatos de ediles y un exalcalde, 35 homicidios desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. En total, ha habido 83 ejecuciones contra presidentes municipales en funciones, alcaldes electos y exalcaldes en una década. ¿La razón? El crimen organizado, asegura el gobierno federal. Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz son las entidades con mayor número de casos.

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) titulado “El municipio: una institución diseñada para el fracaso” explica que los problemas que actualmente aquejan a las urbes de México se deben fundamentalmente a un mal diseño de la institución encargada de gobernarlas: el municipio.

En 2012, Valentín Diez Morodo, presidente del consejo del Imco, afirmó que el municipio es una institución cuyo diseño actual es completamente obsoleto e ineficiente. “Con una institución diseñada hace 95 años esperamos enfrentar los desafíos de gobernar las ciudades del siglo XXI. Urge reformar la figura del municipio para que éstos puedan hacer una verdadera gestión eficiente de nuestras ciudades”.

En este sentido, Carlos Grandet, investigador del Imco, enfatizó que si el municipio mexicano ha fracasado es debido a los casos de corrupción o de funcionarios municipales señalados por tener nexos con el narco. “Es necesario ser conscientes de que los recursos federales entregados a municipios acaban, ya sea por complicidad o extorsión, en manos del crimen organizado. En muchos municipios de México, las opciones para los funcionarios son escasas: cooperas o eres asesinado”.

En 2010, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estimó que de los 165 mil 510 policías municipales, el 40.5%, ganaba entre mil y 4 mil pesos al mes, mientras que el 20.4% percibía menos de mil pesos mensuales. El funcionario, durante el mandato del presidente Felipe Calderón, afirmó que el crimen organizado financiaba a los policías municipales con sobornos por mil 277 millones de pesos mensuales. Durante el mandato del Calderón Hinojosa se registraron 47 homicidios a ediles.

De los 83 alcaldes y exalcaldes asesinados, 43 estaban en funciones, siete eran electos y 33 fueron exalcaldes. Once de los ediles asesinados pertenecían al PAN, 37 al PRI y 20 al PRD, el resto a otros partidos políticos.

Los otros estados en donde se han registrado los 40 asesinatos de alcaldes restantes son Chihuahua, Tabasco, Puebla, Nuevo León, Estado de México, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Morelos, Zacatecas, Jalisco, Chiapas y Guanajuato.

Recientemente, los presidentes municipales de la ANAC realizaron un encuentro con Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, para realizar un plan de acción donde se definirá el protocolo de seguridad que utilizarán los municipales. Se solicitó capacitar a los elementos de seguridad locales que se encuentran cerca de los alcaldes. Asimismo, se garantizó que se instalarían mesas técnicas de la agenda municipalista de México en temas de seguridad.

La ANAC propuso que se diseñe un ramo municipalista que incluya los rubros y montos para infraestructura, cultura, deporte, pavimentación, seguridad, asistencia social y que llegue directo a los municipios para que los alcaldes no tengan que suplicar por fondos.

Los presidentes municipales que quieran reforzar su seguridad lo tienen que hacer con su propio dinero, lo que es difícil en la mayoría de los casos, ya que los ingresos de cada edil no dan para pagar un equipo de seguridad que vale alrededor de 30 mil y 50 mil pesos mensuales.

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Había 600 cartuchos percutidos de diferentes calibres, de los cuales 300 impactaron en el vehículo del perredista.
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Cada caso tiene su lógica

Ante esta ola de violencia contra los presidentes municipales y las nulas acciones de seguridad coordinadas de los gobiernos estatal y federal, y las pesquisas poco profesionales que se han realizado para esclarecer los hechos, Alejandro Hope, especialista en seguridad, habló para Siempre! y explica qué hay detrás de estos asesinatos.

¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Sólo existe el componente de seguridad?

Cada caso tiene su lógica y tiene su propia dinámica, hay algunos componentes estructurales. El fundamental es que el crimen organizado se ha vuelto crecientemente local. Los grandes cárteles se han ido fragmentando por la presión de la estrategia gubernamental, se han ido diversificando. Los viejos cárteles no tenían mayor problema con los municipales, en la medida en que el alcalde no colaborara abiertamente con el gobierno federal, lo dejaban en santa paz. Sin embargo, estos nuevos cárteles emergentes como Guerreros Unidos, Los Caballeros Templarios, para estas bandas del crimen organizado controlar al gobierno municipal es imprescindible y con cierto interés de negocios, porque están menos conectados con el mercado mundial de las drogas y mucho más conectados con actividades como el secuestro y la extorsión. Para ellos, los gobiernos municipales son fuente de información importante sobre quién es dueño de qué cosa, quién abrió un nuevo negocio o quién está consiguiendo una nueva casa.

Entonces esta transformación causa más peligros para los alcaldes…

Los gobiernos municipales son una fuente de músculo, recapturar a las policías municipales significa tener un brazo armado, como sucedió en Iguala. Además son fuente de ingresos, ya sea de manera directa por secuestro y extorsión, o indirecta por la vía de seguridad publica o servicios públicos. En esas regiones hay tanta violencia e inseguridad que la violencia estrictamente política puede enmascararse como violencia de la delincuencia organizada. Hay altos niveles de violencia criminal y crean una coartada para otras formas de violencia, entre ellas la violencia política. Por último, no hay un esfuerzo sostenido y sistemático de las autoridades federales para proteger a los municipales en particular. Piensa en el caso de Tanhuato, Gustavo Garibay García ya había sufrido un atentado el 31 de octubre de 2012. Sobrevivió y denunció amenazas por parte de la delincuencia organizada. No pasó nada, no se le ofreció protección adicional. ¿Quién se está haciendo cargo? No hay un costo adicional entre matar a un tipo que a un presidente municipal.

 

El cuerpo de Domingo López González, alcalde por nueve meses de San Juan Chamula, es velado en la sala de su casa este domingo 24 de julio de 2016. Los padres de la víctima, Pascual López y Dominga López Calabaza, de 95 y 90 años, permanecen frente al féretro, donde los tzotziles se plantan para ofrecer una oración y depositar billetes de 50 y 20 pesos en un cesto. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Fredy Martín/RCC

No todos requieren protección

¿Por qué no hay investigaciones eficaces por parte de las procuradurías estatales para que no queden impunes estos casos? Porque casi siempre aseguran que el móvil es narcotráfico…

En general tienen capacidades limitadas, en consecuencia muestran debilidades institucionales y no hay recursos extraordinarios para que sean desplegados a fin de esclarecer este tipo de casos. Hay un componente económico en el sentido de que los presidentes municipales no reciben todo el presupuesto necesario. Toda esta realidad negativa se da en un entorno de debilidad estructural del municipio: no cobran lo que deberían de cobrar y no reciben lo que necesitan, y lo más importante es que no ha habido un esfuerzo sostenido por parte de las instituciones. La mayoría de los gobiernos locales no cuentan con las capacidades para enfrentar las amenazas del crimen. Los municipios que son afectados por estos problemas de agresiones tienden a ser municipios pequeños, no en todos lo casos, pero en general tienden a serlo y con recursos muy limitados.

¿Están a la deriva los presidentes municipales? ¿Qué medidas se pueden adoptar para brindarles protección efectiva?

No hay que ofrecerles protección a todos o no de manera simultánea. Hay que pintar una raya de una manera muy sencilla. Si un presidente municipal es o fue objeto de una agresión violenta tiene que haber una respuesta extraordinaria por parte de las autoridades. Las bandas criminales que agreden mortalmente a un presidente municipal deben pagar las consecuencias; hoy no enfrentan mayor riesgo que matar a cualquier otra persona.

¿Los gobiernos estatales y el gobierno federal han fallado en evitar estas muertes?

Sí, totalmente.

Un alcalde amenazado, presa fácil del crimen

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo para los alcaldes?

Michoacán. El 20% de los casos de homicidios de alcaldes y exalcaldes electos son de ahí. Oaxaca y Guerrero, obviamente. En Veracruz ha habido algunos casos; Tamaulipas. Los estados con más riesgos son Michoacán y Guerrero. Hay más de 80 casos de este tipo en la última década lo cual hace que la sociedad lo esté viendo como algo normal.

Los ediles amenazados por el crimen organizado y que se resisten a cooperar con los cárteles, ¿qué alternativas de seguridad tienen?

Legalmente, el gobierno federal debería de tener un mecanismo de respuesta inmediata ante amenazas de esa naturaleza.

¿Cuáles serían las consecuencias de seguir con la violencia contra los alcaldes?

En la medida en que los alcaldes se sientan amenazados, van a estar más dispuestos a ceder a las amenazas criminales. Esto significa que los municipios van a ser vulnerables ante el crimen organizado, y poco a poco los criminales se apoderarán de poblaciones enteras. Hay amenazas reales de bandas criminales en contra de alcaldes. También es una excusa de las procuradurías para no investigar más, esto ofrece una coartada para otros tipos de violencia, que políticamente pueden ser más flexibles.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habla de la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno, ¿sólo falta eso para terminar con esta ola de violencia?

Más que coordinación debe existir un compromiso serio y verdadero para proteger a los alcaldes del país.