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Los senderos sinuosos de la política deportiva han estado plagados de falso oropel.
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No fueron nuestros deportistas
Los triunfos deportivos internacionales son timbres de orgullo y de prestigio para los países que los obtienen; por eso, las olimpiadas tienen un fuerte contenido político y social, pues en las arenas del esfuerzo individual y colectivo se establecen las hegemonías de sistemas económicos y sociales distintos. Las competencias deportivas entre la Unión Soviética y Estados Unidos fueron de enorme importancia publicitaria en la carrera de la “Guerra Fría”, al igual que la disputa entre Alemania Occidental y Alemania Oriental.
En América Latina, Cuba propició un desarrollo deportivo de primer nivel para demostrar la supremacía social del sistema que postulaban; por eso, decir que “las olimpiadas no tienen una relevancia política y que lo importante no es ganar sino competir”, es francamente un triste consuelo para los perdedores.
México, en diversas olimpiadas, ha logrado triunfos espectaculares que, en lo general, se deben al esfuerzo personal de muchos mexicanos que han dado honor y gloria al deporte nacional; recordemos con nostalgia a Joaquín Capilla que, al conquistar tantas preseas, se aprovechó su experiencia para consolidar una escuela de clavadistas mexicanos, no así los militares encabezados por Humberto Mariles que demostraron (en Londres en los años cuarenta) la gallardía de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la equitación, como un símbolo.
No es verdad que los mexicanos no estén capacitados. Los marchistas mexicanos a partir del sargento Pedraza que nos emocionó en 1968, o bien, el Tibio Muñoz en natación, Pilar Roldán en esgrima, o el equipo de futbol que ganó la medalla de oro en los anteriores juegos olímpicos, entre muchos otros, demuestran fehacientemente la capacidad del deporte mexicano.
¿En donde estamos fallando? ¿Cuál es la debilidad estructural que hace que el fracaso se convierta en desastre? La respuesta está en que los senderos sinuosos de la política deportiva han estado plagados de falso oropel, de barones del deporte, que disfrutan de saraos y recepciones internacionales, mientras que carecemos de una política pública acorde con el artículo 4 constitucional que establece: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. Es decir, el deporte no es una dadiva del Estado, sino una obligación constitucional.
En esta olimpiada de Río 2016 las condiciones se agudizaron y la contradicción entre el titular de la Conade, Alfredo Castillo, y las federaciones deportivas —por cierto, anquilosadas y burocratizadas casi todas— resultaron en la falta de sensibilidad para arribar con armonía a la justa olímpica; dicho pleito abierto y vergonzoso fue el caldo de cultivo de este triste papel que desempeñó nuestro país. Nuestra política deportiva es botín de unos cuantos, donde el ganador de la única medalla en box tuviera que haber obtenido recursos boteando.
¡Basta ya! Sí no tenemos la capacidad institucional de reformar la política deportiva y de quitarle la estafeta de esta noble actividad a muchos mercachifles, mejor borremos de nuestra Constitución el último párrafo del artículo 4, referente a la obligación del Estado para promover, fomentar y estimular el deporte.
El triunfo deportivo tiene un camino trazado desde la planeación y la inteligencia con el trabajo permanente, colectivo y personal, apoyado por el Estado.
El fracaso no es de nuestros deportistas, quienes merecen admiración y respecto, sino de la burocracia pública y privada, ineficiente y corrupta.