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La fracción del PRI en la Asamblea Legislativa solicita al jefe del Ejecutivo instruya a las Fuerzas Armadas a efecto de patrullar esas demarcaciones.
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Soldados en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Tláhuac
Un soldado en cada hijo te dio.
Francisco González Bocanegra
Ante el incremento delictivo en la Ciudad de México, particularmente en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Tláhuac, la fracción del PRI en la Asamblea Legislativa presentó un punto de acuerdo por el que solicita al jefe del Ejecutivo federal instruya a las Fuerzas Armadas a efecto de patrullar las demarcaciones antes señaladas.
Aduciendo que en 2001 el entonces delegado perredista, René Arce, solicitó la presencia militar en Iztapalapa y con ello logró abatir los índices delictivos en dicho territorio, la bancada tricolor sustentó una propuesta que más que poner en entredicho al gobierno de la ciudad, parapeta una estrategia federal para imponer la presencia y el control militar en la capital del país y con ello, fácticamente, convertirla en ciudad sitiada.
Nuestra historia constitucional es paradigma del profundo debate en materia de excepcionalidad ante los casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
Ya en 1856, en una magistral argumentación, Ocampo defendió el contenido del llamado “estado de excepción” recurriendo al símil del enfermo y el remedio, afirmando que, muy a su pesar, como médico reconocía que por muy amargo que resultase suspender garantías, ésta era la última medida para garantizar el retorno a la normalidad del Estado mexicano o, como reiteró el liberal, para recuperar “la salud de la república”.
En 1917, el diputado constituyente Francisco Múgica preciso las hipótesis y aplicabilidad del contenido del artículo a efecto de hacer frente, rápida y fácilmente a cualquier situación que pusiera en riesgo la seguridad nacional o interior.
Ante la declaratoria de guerra en contra del crimen organizado, Felipe Calderón sacó al Ejército de sus cuarteles para suplir funciones encomendadas a las policías corrompidas por los propios criminales.
En 2011 el Congreso armonizó el artículo 29 constitucional con las disposiciones internacionales que regulan la aplicación de un estado de excepción capaz de garantizar los derechos humanos.
A pesar de contar con este mecanismo de control constitucional, ningún gobierno se ha atrevido a aplicar dicho artículo al considerar que ello manifiesta la evidencia de su incapacidad para gobernar.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador descartó la experiencia militar de Iztapalapa y se aplicó en diseñar estrategias y probadas políticas públicas que desde el territorio fortalecen el tejido social a favor de la prevención del delito y, en su caso, de su persecución por parte de las áreas facultadas para ello.
El relajamiento y la burocratización de estos esquemas preventivos han permitido el crecimiento delictivo en la capital de un país cuyo gobierno, más que andar buscando aplicar un Estado de sitio a sus habitantes, bien haría en fortalecer la moral del ejército social conformado por cada hijo-soldado con el que cuenta la patria, según reafirma nuestro Himno Nacional.