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En México se han cometido crímenes de lesa humanidad, cuya persecución ha sido bloqueada desde el gobierno.
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Sistemática violación de derechos humanos
En la entrega anterior, destacamos el hecho de que el comité presupuestal del Senado estadounidense propuso que el gobierno de Barack Obama retenga el 25 por ciento de los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, hasta que las autoridades mexicanas investiguen y hagan comparecer ante la justicia a los responsables de las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa.
Tal noticia fue secundada con la difusión de una carta suscrita el pasado 9 de agosto por 69 congresistas del Partido Demócrata, en la que hicieron saber al secretario de Estado, John Kerry, su preocupación por la crisis de derechos humanos que vive nuestra nación y le solicitaron darle a este específico tema la mayor prioridad dentro de la relación bilateral. De modo especial, evidenciaron su molestia por la falta de esclarecimiento de las más de 27 mil desapariciones que han ocurrido desde finales del 2006.
El caso de los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” fue objeto de fuertes señalamientos dentro de la misiva que nos ocupa. Los legisladores acogieron el informe final emitido en abril del 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, le reprocharon al gobierno mexicano haber llevado a cabo las maniobras de obstrucción de la justicia que ahí se detallan y le conminaron a discernir la verdad sobre el paradero de los jóvenes.
Otra fuente de consternación fue el ataque perpetrado el 19 de junio contra la población civil de Nochixtlán. En la carta se instó a las autoridades a que realicen una investigación objetiva en torno a los hechos y no agredan a los maestros, pues ellos están externando su inconformidad con las políticas gubernamentales.
La percepción de los integrantes de esta fracción parlamentaria del Capitolio es sin duda inquietante e innegable. Empero, corresponde estrictamente a la visión proyectada en el informe “Atrocidades innegables” de Open Society, organización que en un acto académico celebrado en las instalaciones de El Colegio de México refrendó la tesis de que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad cuya persecución ha sido bloqueada debido a maniobras del mismo gobierno.
Todo esto ha sido posible gracias a la prevalencia de un escenario que tiene tintes verdaderamente espeluznantes: en el Índice Global de Paz 2016 se establece que México tiene un grado de conflictividad superior al de los países de América Central y el Caribe y estamos próximos a ingresar al universo de naciones con índices de paz a ras de suelo, como Irak, Siria, Afganistán, Pakistán, Libia, Ucrania y Somalia.
Ese magno desastre nacional no es fruto del azar o la casualidad. Detrás de tan gravísima patología política, jurídica y humanitaria se hallan factores de diversa índole. Uno es de ellos es la oprobiosa y persistente ceguera gubernamental, la resistencia sistemática a abrir los ojos y asumir la ímproba faena de encarar y cambiar la realidad.