Ante la posibilidad de ser detenidos, cuatro colaboradores del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tramitaron amparos. El juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, suspendió momentáneamente cualquier orden privativa de libertad en agravio de los ex Secretarios de Finanzas Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González, así como de Gabriel Deantes Ramos ex Secretario del Trabajo, y José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación estatal.
El periódico Reforma informó que luego de que los cuatro funcionarios han sido objeto de denuncias o mencionados en escándalos de desvíos de recursos, decidieron ampararse.
Los antecedentes
El 27 de enero de 2012, la PGR aseguró 25 millones de pesos –pertenecientes a una partida de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Tomás Ruiz González– en efectivo a dos empleados del Gobierno de Veracruz, al aterrizar en el aeropuerto de Toluca. En su momento salió a la luz que José Francisco Díaz Valenzuela, subdirector de Operaciones Financieras, era el encargado de dar el visto bueno para la disposición de “dinero líquido”.
Este hecho abrió una cloaca sobre diversos actos de corrupción en la administración de Javier Duarte quien se encuentra en el ojo de huracán por el desvío de fondos durante su administración.
El diario destaca que en las investigaciones de la PGR existen señalamientos de que esos personajes han facilitado el desvío de recursos públicos, tanto federales como estatales, para la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.
PRI inicia proceso de expulsión
El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, indicó que se dio entrada a la solicitud de expulsión de tres gobernadores y un ex mandatario estatal de filiación tricolor por su posible participación en actos de corrupción.
Señaló que la comisión requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos contra Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua. Además se admitió una solicitud contra el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones.
Sin precisar un plazo, refirió que, una vez que reciban la información, tanto los gobernadores como Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la comisión tomarán una decisión.
Los procedimientos se derivan de las denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas. Asimismo un grupo de priistas de Nuevo León, encabezado por Abel Guerra, también solicitaron que se le suspendan sus derechos partidistas al ex gobernador Rodrigo Medina.