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Si han mantenido su protesta es porque el gobierno no resuelve problemas, sino que los crea y los agudiza.

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Lo que dicen y lo que no dicen

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,  lanzó un “¡Ya basta!” y declaró que el país ha llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública porque los derechos y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo (Reforma,1/VIII/2016).

El dirigente del sector capitalista no se refería a la proverbial corrupción e ineficiencia de las autoridades. Tampoco a su incapacidad para preservar la seguridad y patrimonio de personas y empresas, pues desde hace muchos años el crimen organizado y el otro se han enseñoreado en el país, y el Estado mexicano nada más no puede proteger la integridad física y los bienes de los ciudadanos. No. El señor Castañón se refería a los maestros, a los que considera meros delincuentes.

Hay que estar de acuerdo con el señor Castañón cuando, al referirse al movimiento magisterial, señala que “no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. Como nación —dijo— no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”. En efecto, no se ve voluntad de echar atrás esa gigantesca provocación llamada “reforma educativa”, la que constituye una seria amenaza contra el pueblo de México, la educación y sus profesionales.

El líder empresarial anunció que el sector patronal presentará amparos para que el Poder Judicial obligue a las autoridades a emplear la fuerza pública. Es difícil saber cómo los amparos pueden tener el efecto que busca el CCE, pero lo cierto es que las autoridades sí han empleado con toda determinación la fuerza pública, como en Nochixtlán, donde fotos y videos muestran a los uniformados disparando contra la población inerme.

Al CCE no parece preocuparle la criminalidad ni que ya se cuenten por decenas los muertos de cada día. Nunca le preocupó la matanza desatada por Felipe Calderón, que no inhibió a los criminales ni redujo su actividad. Tampoco eleva queja alguna por la galopante corrupción del sector público, quizá porque el privado participa alegremente de esos enjuagues. ¿O ya dejaron de pagar porcentaje en las obras públicas y en casi todo contrato con el gobierno federal y los estatales?

Tampoco es motivo de preocupación para Juan Pablo Castañón el robadero de varios gobernadores priistas y panistas, que cuando terminan dejan sus estados con las arcas vacías y una deuda que no se pagará en decenas de años. Eso no lo considera lesivo para la libre empresa. Mucho menos menciona don Juan Pablo el deterioro de los salarios que, por cierto, golpea de manera directa la demanda en perjuicio de sus representados.

En fin, que la visión estrábica del señor Castañón no le permite ver los muchos problemas que padecen los mexicanos por la abulia burocrática, el desdén, la ineptitud y la corrupción de nuestros gobernantes. Para él, la única solución posible es golpear, reprimir, aplastar a los profesores, que si han mantenido su protesta es precisamente porque el gobierno no resuelve problemas, sino que los crea y los agudiza.

Pero hay más: si el gobierno federal no ha recurrido a la represión generalizada no ha sido por falta de ganas. No lo hace porque sabe algo que ignora el señor Castañón: que no está el horno para bollos, que en las actuales condiciones, el uso de las macanas y de las balas, lejos de apaciguar los ánimos, los exacerba, y que México ha entrado en una situación límite, irresponsablemente empujado por los gobiernos que no supieron transformar, revitalizar o sustituir las instituciones en crisis.

El país entero está en riesgo de naufragio porque la embarcación hace agua desde hace varios sexenios. Si los mandos empresariales quieren salvar el país y salvarse ellos y sus representados, bien harán en mantener la cabeza fría y no insistir en las recetas de siempre, ésas que ya no funcionan. ¿Lo entenderán?