Chilpancingo.- Luego de dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, la desilusión constituye el elemento común en la dirigencia del movimiento la que se siente defraudada con el curso de las investigaciones y advierte que la lucha social continuará hasta lograr la aparición con vida de los normalistas.
Y es que no se registran cambios importantes en el terreno socio político en la entidad, ya no digamos para castigar a los culpables sino modificar las condiciones que permitieron la perpetración de ese hecho.
Veinticuatro meses después aquellos actos de barbarie, aún no se ha roto el vínculo entre la política y el narcotráfico. Tampoco se ha logrado el abatimiento de la violencia estructural ni se observan cambios en condiciones socioeconómicas de la entidad como para trazar nuevos horizontes de desarrollo.
Guerrero se mantiene como zona de tránsito, aunque también de un consumo cada vez mayor de los enervantes: marihuana, heroína, drogas sintéticas y cocaína, proveniente del sur del continente y hoy también de fentanilo.
A partir de la desaparición forzada de los normalistas, se descubrieron 12 fosas clandestinas en los alrededores de Iguala. Se develó el enorme control que ejercen los grupos de delincuencia en la política y seguridad mexicana. Lo más importante es que la relación entre el narcotráfico y la política ya no es especulación.
Las investigaciones demostraron que en Guerrero los grupos de violencia organizada apoyaban a candidatos, y más tarde, impusieron a sus propios candidatos; cuerpos de policía de por los menos dos municipios tomaron parte en la ejecución de los hechos.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron desaparecidos después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Por el caso Iguala se han detenido 130 personas, entre policías de Iguala y de Cocula, así como de la organización Guerreros Unidos, se han consignado 168 personas por delincuencia organizada. Sin embargo, hay quienes actores que se mantienen impunes.
Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, pidió licencia para separarse del cargo y no hay hasta el momento una investigación sobre su posible responsabilidad. Las únicas acusaciones fueron por corrupción de familiares y colaboradores.
José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda y decenas de policías, fueron detenidos por la Procuraduría del Estado, pero no se les fincó responsabilidad sobre la desaparición de los normalistas sino por corrupción y autoría intelectual del asesinato del dirigente Arturo Hernández Cardona.
La detención de Felipe Flores Vázquez, ex secretario de Seguridad Pública del municipio no arrojó datos que den mayor claridad sobre lo ocurrido en esa fecha, aunque hubo versiones de que fue él quien ordenó de forma directa ataque a normalistas.
Guerrero es una gran fosa. No aparecieron los cuerpos de los estudiantes normalistas pero sí los de otras personas asesinadas en el contexto de la confrontación de carteles del narcotráfico. Cadáveres anónimos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y poblaciones desplazadas por la violencia. Parte de una realidad cotidiana de la que por miedo u otras razones, se habla poco.
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Guerrero es una gran fosa. No aparecieron los cuerpos de los estudiantes normalistas, pero sí los de otras personas asesinadas.
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Investigación enrarecida
El Estado tiró por la borda el trabajo serio, profesional y comprometido que efectuó el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes durante más de un año, se lamenta Vidulfo Rosales, abogado de los padres de esos jóvenes.
Para la dirigencia del movimiento, las fotografías y un video donde Tomás Zerón de Lucio aparece en el cauce del río San Juan junto con Agustín García Reyes, presunto integrante de Guerreros Unidos, en una diligencia que nunca se integró a la investigación despierta desconfianza.
El pasado 14 de septiembre, Tomás Zerón de Lucio renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal en la PGR, y de manera extraña también había renunciado César Chávez Flores, quien estaba a cargo de la visitaduría encargada de la investigación sobre el caso Zerón.
Horas más tarde, Zerón de Lucio fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Gobernación señaló que el nombramiento es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad demostrada.
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Guerrero es una gran fosa. No aparecieron los cuerpos de los estudiantes normalistas, pero sí los de otras personas asesinadas.
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Los datos firmes
Los resultados de las investigaciones hasta ahora realizadas establecen que la desaparición y muerte de los estudiantes en Ayotzinapa no fue un evento fortuito. Diferentes escenarios promueven la violación al estado de derechos y a los derechos humanos, y este no es caso exclusivo de Guerrero.
El crecimiento vertiginoso del crimen organizado en torno al tráfico de drogas, ahora amplificado de forma exponencial por el tráfico de influencias, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, la infiltración cada vez más eficiente de la policía, el ejército y hasta de la guerrilla y la entrada de muchos cárteles no sólo en la política electoral complica el esclarecer el origen.
El grado de descomposición que ha alcanzado la vida institucional y el maridaje entre economía criminal y régimen político. Lo que vimos en Guerrero es evidencia de que esa realidad no constituye “un hecho aislado”, no era la excepción sino la regla.
Aunque la rentabilidad política obliga a llevar como bandera la responsabilidad absoluta del estado en estos hechos violentos, sería absurdo e incongruente ignorar el contexto de la lucha cruenta lucha de los carteles por controles territoriales para tráfico, siembra y consumo de enervantes y el tejido económico y político que de ello se desprende.
El narcoestado no podría quedar fuera del deslinde responsabilidades, particularmente cuando ha desarrollado la capacidad de infiltrar causas sociales como las autodefensas, la demanda de la construcción de un poder político horizontal a partir de las asambleas populares entre otras formas.
Los esquemas de lucha de ciertos grupos de izquierda, resultan obsoletos. De igual manera sus métodos de análisis de la realidad. Tenemos un sector de izquierda anquilosado, retrógrada y conservador igual que la derecha. Es una izquierda que se comporta como derecha.
La educación y sus contenidos están muy lejos de los objetivos de la lucha. Cuando se exigen asignación automática de plazas de trabajo, se están perpetuando privilegios individuales, no sociales. Es la peor manera de privatizar a la educación. Dos años después, con un expediente de más de 200 tomos, el caso de Iguala es tejido espeso que está muy lejos de esclarecerse.