A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Iguala, Guerrero, en donde no se ha esclarecido lo que aconteció la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un pronunciamiento en el cual manifiesta que el caso Iguala es un expediente abierto, ya que la gravedad y relevancia de los hechos demanda su total esclarecimiento y pide que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad.
La CNDH manifiesta que aún es asignatura pendiente su total esclarecimiento y que lo más importante es que se conozca la verdad de los hechos, que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones. “Si bien las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes”.
Asimismo, la CNDH formuló un conjunto de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Fiscalía General del Estado y al Municipio de Iguala, pero únicamente ocho de ellas fueron totalmente atendidas; mientras que 33 se encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas.
Los 43 estudiantes normalistas se dirigían hacia Iguala en autobuses que habían secuestrado para recaudar fondos y tomar más camiones para una protesta que iba a realizarse el 2 de octubre en la Ciudad de México.
Tres estudiantes fueron asesinados cuando los agentes dispararon contra sus autobuses, mientras que otras tres personas murieron cuando también fue atacado el vehículo en el que viajaba un equipo de fútbol. La Procuraduría General de la República (PGR) declaró que la “verdad histórica” es que los jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes que luego incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula.
A dos años de los hechos, el organismo hace un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que den cumplimiento y desahoguen las diligencias para avanzar en la búsqueda de la verdad, así como para salvaguardar, preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas del caso Iguala.
Por su parte, funcionarios de primer nivel del gobierno federal dijeron que en la segunda etapa de la investigación del caso Iguala, bajo la custodia de Arely Gómez, titular de la PGR, se atienden nuevas líneas de indagación las cuales surgieron de propuestas hechas por los padres de las víctimas, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina de Investigación del caso Iguala.
Actualmente, la PGR utiliza tecnología denominada LiDAR, que es de la más avanzada fabricada en Rusia como en Alemania, con la que se busca descubrir fosas clandestinas o cavidades donde pudieran estar los cadáveres de los normalistas. “El sistema LiDAR ha permitido a la PGR contar con imágenes tridimensionales, infrarrojas, térmicas y de curvas de miel, que han conseguido aeronaves que sobrevolaron los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, fotografías que después son revisadas”. Hasta el momento la PGR cuenta con 100 zonas denominadas polígonos de búsqueda en los que se indica pueden existir fosas clandestinas.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) detalla en su página web que: “El LiDAR aerotransportado, es un sensor activo que consta de un telémetro emisor de luz láser y de un espejo de desvía el haz perpendicularmente a la trayectoria del avión, generando una serie de pulsos de luz que al entrar en contacto con los objetos o el terreno refleja al sensor parte de la energía del pulso emitido”.
Foto: Milenio