En días pasados y luego de que José Antonio Meade, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, entregara el Paquete Económico 2017, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acusó de que no le asignaron recursos al Fondo de Capitalidad, por lo que Meade aseguró que esa decisión estaba prevista dentro del programa de austeridad del Gobierno Federal.

Por esta situación, el diputado federal del PRD, Jesús Valencia Guzmán, quiere recuperar a toda costa los 8 mil 622 millones de pesos que fueron omitidos en el Paquete Económico 2017, para impulsar las áreas de movilidad y en materia de seguridad. Aunque este paquete aún está por discutirse en San Lázaro, Valencia quiere pelear por una transformación hasta las últimas consecuencias.

El también integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo que se le quieren quitar los recursos en materia de desarrollo regional, seguridad y movilidad, y que algunos de estos recursos fueron utilizados para realizar mejoras de infraestructura. Además acusó de ser el peor recorte al Fondo de la CDMX desde 1995.

A esta causa en pro de los recursos de Capitalidad se tenía previsto que Morena CDMX se uniera, pero César Cravioto, líder de la bancada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, dijo que no se sumará al PRD para luchar por el presupuesto, pero no descartó trazar una ruta de trabajo dentro de sus filas para exigir al Gobierno Federal la entrega de los recursos de la capital.

El nuevo paquete recortará en lo general unos 300 mil millones de pesos, y José Antonio Meade asegura que este nuevo presupuesto representaría una “señal de certidumbre” para la economía y el crecimiento en México. La iniciativa privada coincidió en lo general con este recorte y con el nuevo paquete económico, pero espera que los legisladores profundicen en las revisiones para asegurar un mayor desarrollo económico.

En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó, en su mensaje semanal, que se tendrá una participación activa en las conclusiones y revisiones que emitan los legisladores con respecto al presupuesto 2017, y que se realizará un análisis a partir de lo general por lo que consideran que este recorte se ve congruente de acuerdo con el escenario económico en el plano nacional e internacional. Además ven de este recorte un saneamiento en las finanzas públicas, pero aseguran que se necesita un mayor esfuerzo para lograr una estabilidad en esta materia.

Pero eso no es todo, Castañón afirmó que aún es posible recortar hasta 50 mil millones de pesos del presupuesto federal, ya que la prioridad de los empresarios es que se realice un ahorro y conseguir mejores fuentes de ahorros para pagar los intereses de la deuda externa. Además dijo que es necesario que se resuelva el tema de las pensiones de los trabajadores por lo que con los recortes se podría contemplar este tema.

Por otro lado, el Secretario de Hacienda aseguró que un mayor recorte al gasto no sería posible, que fue suficiente y que contiene elementos que buscaban tanto las calificadoras económicas como el Gobierno Federal, como reducir el déficit fiscal en un 2.4 por ciento.

Se dispara expectativa de endeudamiento

La perspectiva de endeudamiento que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2017 registró un aumento de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que en el 2014 la dependencia calculaba que para el cierre de 2017 la deuda total sería equivalente a 40.1% del PIB, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2017, hace una estimación de 50.2% del PIB.

Además, cifras de la SHCP señalan que para el cierre de 2018 la deuda total del país se reducirá a 49.9% del PIB, ante la fuerte reducción en el gasto público. Hace tres años, Hacienda estimaba la deuda en apenas 39.4% del PIB.

De acuerdo con el proyecto que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, el costo financiero para pagar la deuda pública en el 2017, será el más elevado en los últimos 16 años. El Gobierno Federal tiene previsto destinar un total de 568 mil 198 millones de pesos, equivalentes a 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Monto que es más de dos veces el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para 2017 y 15 veces más de lo que se propone para la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con expertos y la propia Hacienda, este costo lejos de disminuir experimentará una tendencia creciente en el largo plazo, por lo que año con año serán necesarios más recursos para poder llevar a cabo este pago.

Hay que recordar que calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s tienen la lupa puesta en los esfuerzos del gobierno para consolidar las finanzas públicas, por lo que futuras acciones sobre la nota crediticia de México reflejarán si el proyecto propuesto es suficiente.