Pese al discurso de dirigentes partidistas, como el del tricolor Enrique Ochoa Reza, o a intentos por crear una comisión anticorrupción como en el caso del PAN, los partidos políticos no tienen un camino fácil para expulsar de sus filas a militantes que ocupan un cargo público y son acusados de corrupción.

La presunción de inocencia y la protección de los derechos políticos como ciudadano hacen complicada una expulsión si no existe una sentencia firme que declare culpable al militante señalado.

El Revolucionario Institucional enfrenta el hecho de que un artículo de su código de justicia partidaria, el cual indica: “si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de los derechos del infractor, hasta en tanto se dicta la resolución definitiva”, fuera declarado inconstitucional por violar la presunción de inocencia de los inculpados, lo que implica que el PRI debe esperar a que termine un juicio para proceder.

Acción Nacional intentó expulsar sin éxito a Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes al no ser sentenciado como culpable. Al ex asambleista en la ALDF, Edgar Borja, lo expulsó luego de la filtración de una llamada en la que se presumía arreglaba negocios al amparo de su puesto; Borja no ha llegado a juicio y no ha intentado regresar al PAN.

¿Qué futuro le depara a Javier Duarte? El caso más cercano es el de otro ex gobernador, en este caso el tamaulipeco Tomás Yarrington, a quien se le suspendieron sus derechos partidistas en 2012 por acusaciones en su contra en Estados Unidos. A la fecha, permanece prófugo y su expulsión, en el limbo.

No será el primer caso en que un militante acusado de actos de corrupción permanezca en su partido o regrese al resultar absuelto por el Poder Judicial.