Manuel Nava
Acapulco, Gro.- Al igual que ocurrió con los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, tres días de lluvia en Guerrero volvieron a evidencia la vulnerabilidad ambiental que padece el estado y la ausencia de políticas públicas en materia de protección civil.
En Acapulco y la Costa Grande se registraron las mayores afectaciones, consistentes en casas inundadas, evacuaciones de personas, derrumbes, y el desbordamiento de los ríos Papagayo, La Sabana y Tecpan.
En Acapulco, el reporte inicial fue de 391 casas con algún tipo de inundación, dos deslaves y un derrumbe de vivienda, pero no se abrieron refugios temporales debido a que las familias optaron por trasladarse con sus parientes. De nueva cuenta, las unidades habitacionales El Coloso y Campestre La Laguna, sufrieron inundaciones que obligaron a la evacuación.
La unidad de protección civil municipal alertó desde la tarde del sábado 3 de septiembre, la formación de una baja presión que propiciaría lluvias intensas en la mayoría de la geografía de este estado suriano.
Héctor Astudillo, gobernador de la entidad informó que las lluvias, si bien causaron deslaves, inundaciones, caídas de árboles y otros daños, tuvieron saldo blanco en cuanto a vida de personas, ya que no se registraron fallecimientos.
Si bien hubo capacidad reactiva de las autoridades, el paso de este fenómeno meteorológica estaría siendo una llamada de alerta, ya que el sector de protección civil opera con fuertes limitaciones presupuestales y hace falta renovación en las herramientas de trabajo, pero por sobre todo hace falta una revisión en el mapa de riesgos ambientales de la entidad, que data de 2010.
Tampoco se han definido procedimientos legales adecuados contra las constructoras y comercializadoras que edificaron las unidades habitacionales de El Coloso y Campestre la laguna que fueron de las más afectadas en el 2013.
Los operativos de limpieza y desazolve de canales pluviales en Acapulco resultan insuficientes. En periodos anteriores se ha requerido de 20 millones de pesos anuales dicho proceso, solo que en los últimos años, se han tenido administraciones municipales con menor disponibilidad de recursos.
Las autoridades municipales y estatales celebraron el saldo blanco y presumieron las operaciones de rescate y reparto de despensas, lo cual habla de que la visión que se tiene de protección civil se encuentra alejada de una política pública de prevención y de la cultura de riesgos.
En las acciones a largo plazo del plan se comprendió la instalación de red compartida como parte del Proyecto Integral de Conectividad con una inversión de mil 284.00 mdp; la mejora de carreteras y creación de libramientos con 8,619.80 mdp; la sustitución o rehabilitación de la Comisión Federal de Electricidad con un total de 209.00 mdp, así como la creación de nuevos esquemas de operación de sistemas hidráulicos con una inversión total de 3,335.33 mdp entre otras cosas.
Entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014 en Iguala fueron asesinados y desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, la atención federal a Guerrero ocurrió dos meses más tarde.
En noviembre del 2014, desde el Palacio Nacional, se anunciaron medidas para combatir la inseguridad: iniciativas de ley para reorganizar las policías, inhibir la complicidad de autoridades municipales con la delincuencia y delimitar las competencias de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal en la lucha contra el delito, así como un fuerte despliegue de tropas en diversas entidades de la república, entre ellas Guerrero.
Junto a las expresiones violentas de los grupos de Ayotzinapa y el magisterio, la inseguridad pública en el estado adquirió expresiones agudas. No solo fueron los asesinatos entre las bandas o cárteles sino que usaron diferentes delitos desde la extorsión, el coro de derecho de piso, el robo, el tráfico de órganos y de personas, hasta asesinatos e intimidación de candidatos a alcaldías y diputaciones.
El 27 de octubre del 2015, día de la toma de posesión de Héctor Astudillo como gobernador, el gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Gobernación, y con la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina, de la procuradora general de la República y del comisionado nacional de seguridad, se reunió en Acapulco para anunciar el relanzamiento de un Plan de Seguridad, consistente en acciones para resarcir el “tejido social” y fortalecer la presencia de fuerzas federales en las regiones más críticas de Guerrero, y con ello disminuir los índices de inseguridad.
En enero de 2016, Peña Nieto estuvo en Acapulco y anunció acciones por un “Guerrero en paz”, expuso que además del turismo sean otras actividades económicas las que identifiquen a esta entidad y que se evaluarían periódicamente las estrategias focalizadas en las diferentes regiones de Guerrero que permitieran lograr las condiciones de seguridad que exige la sociedad. En todos los casos se presentan avances parciales, acciones inconclusas y en materia de seguridad pública el deterioro se incrementa y la capacidad de las autoridades locales se erosiona.