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La expresión más lacerante de este tipo de violencia es el feminicidio, fenómeno que combina toda crueldad y amargura de quienes lo cometen.

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Sea política, laboral o física

Existen tres aspectos que representan el atavismo histórico en nuestro país, cuya práctica sistemática ha obstaculizado el pleno desarrollo de las mujeres y frenado su incorporación a la participación total en la dinámica social, económica, política, académica, cultural y deportiva, relegándola a un segundo o tercer plano, cancelando sus derechos humanos como parte activa y fundamental de la sociedad en su conjunto. Esos aspectos son la violencia de género, la inequidad laboral y la violencia política.

Mientras no exista una verdadera equidad de género y desaparezcan las prácticas de estigmatización y violencia contra ellas, y no se reconozcan a plenitud sus derechos y garantías fundamentales, no podrá hablarse de un Estado de derecho pleno, ni de una condición verdaderamente democrática para el país.

En lo político, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha informado que, tan sólo en 2016, tiene documentados 103 casos de violencia política contra las mujeres que aspiraron a un puesto de elección popular en los pasados comicios federales, donde, añade la institución mencionada, “no sólo se afecta a las mujeres de manera desproporcionada, sino se trata del menoscabo del ejercicio de los derechos político electorales o del ejercicio de los cargos públicos”.

Por fortuna, las autoridades respectivas iniciaron las acciones legales para castigar ante jueces penales esos casos de violencia política y el Poder Judicial de la Federación dictó sentencias condenatorias contra las personas que físicamente generaron esos incalificables hechos contra mujeres.

Sin embargo, nadie garantiza que ese tipo de ataques continúen. La violencia política por razones de género existe y es una gran problemática, a tal grado que puede ser un riesgo para la estabilidad política del país, pues coloca en tela de juicio la función central del Estado.

En este sentido, la Secretaría General del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, que me honro en presidir, aplaude la decisión conjunta de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Fiscalía contra Delitos Electorales, del Consejo de la Judicatura, de la Secretaría de Gobernación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de unirse para frenar, con leyes y decisiones judiciales y penales la violencia política de género que sufran las mujeres.

¿Pero qué pasa con los otros dos aspectos que frenan el acceso de la mujer a su pleno desarrollo ciudadano y que la han colocado en el blanco de la más cruel misoginia, es decir del aspecto laboral y del aspecto de la violencia física?

Lo laboral ha sido una de las zonas más agraviantes de discriminación para la mujer que ha obstaculizado su desarrollo de manera autónoma. Los datos sobre ingreso laboral de que dispone el Instituto Nacional de las Mujeres muestran que mientras más bajos son los niveles salariales de los puestos, más alto es el porcentaje de mujeres que los tienen; y a la inversa, mientras más alto es el nivel salarial de los cargos, más alto es el porcentaje de los hombres que tienen esos puestos.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo federal informa que existen en México poco más de 19 millones de mujeres en el mercado laboral, de los cuales, 14 millones son madres de familia y de ellas, 4 millones 100 mil son jefas de familia. La institución añade que la participación de la mujer en la población económicamente activa pasó de 17.6 por ciento en 1970 a 43 por ciento en la actualidad y que México ocupa los últimos lugares de la población económicamente Acaiva de la mujer en el ámbito de América Latina, sólo por arriba de Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Dejamos la violencia física por cuestiones de género en el último tramo de este análisis porque su existencia es la muestra más vergonzosa, cruel e inhumana que toda la sociedad mexicana lleva como un pesado fardo y como el saldo más ominoso que tenemos contra nuestras mujeres. La expresión más lacerante de este tipo de violencia es el feminicidio, fenómeno que combina toda crueldad y amargura de quienes lo cometen, sin importar que con ello dejen en el dolor a familias enteras.

Esta terrible realidad se ha incrementado en los últimos años en casi todo el territorio nacional, pero con énfasis en el Estados de México, y en los de Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y en la Ciudad de México.

Esta lacerante realidad nos hace recapacitar en que, para reivindicar a las mujeres del injusto papel secundario al que se les ha relegado como integrantes fundamentales de la dinámica social del país en su conjunto, es necesaria la participación coordinada de todos los sectores, pero fundamentalmente de la familia. Es en el núcleo social por excelencia de donde deben surgir los cambios en la estructura formativa de niños y niñas. Es ahí donde los padres y madres deben dar un trato igualitario a hijos e hijas. Mientras no dejemos atrás la práctica en la familia de una educación para niños y otra para niñas, las grandes diferencias de género seguirán manifestándose en su más lastimosa realidad para nuestra nación.

A todos nos corresponde cooperar para hacer de nuestras ciudades verdaderos núcleos de armonía, sin diferencias de género.

Secretario general del

Partido Verde Ecologista

en la Ciudad de México.