La gestión del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, sigue arrojando investigaciones por posible corrupción. Y es que de las 652 personas que son investigadas de ese gobierno, 250 de ellas son empresarios y pertenecen a las investigaciones de particulares, informó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

Durante el primer año de gobierno de Claudia Pavlovich, se realizó un primer ejercicio de rendición de cuentas y se dijo que los particulares se prestaron para realizar licitaciones ilegales, prestación de servicios sin documentación y hasta obras no realizadas pero “pagadas” y además se encuentran al menos 30 empresas que no existen físicamente.

Se trata de “empresas fantasma”, las cuales probablemente se habrían utilizado con el fin de desviar recursos “de esas que las buscas y encuentras que no tiene nada que ver con el servicio que se prestó, y ahí hemos dado vista al SAT y a la PGR”, dijo el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza.

Además, agregó que se investiga a 250 empresarios de todo tipo: servicios profesionales, abogados, construcción, y otros pero aún no se declara ni se descarta su culpabilidad.

Espinoza especificó el caso de una dependencia que contrató un crédito financiero de manera ilegal con una empresa de factoraje sin hablar con el Congreso, que es al que le corresponde la autorización de créditos y deuda. “Esta institución pidió dinero, y la empresa le dio el dinero, hizo un contrato y le dio el dinero, la empresa en sí no comete la ilegalidad”, pero sí la dependencia.

El gobierno de Padrés ha provocado que se lleven a cabo 8 mil 915 diligencias de cateo de inmuebles e inmuebles, y han tenido que comparecer hasta el momento 564 personas, así como el aseguramiento de 172 millones de pesos en bienes.

Además de Francisco Monge Araiza, quien se desempeñó como coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), y fue detenido y cateado por supuesta corrupción, al menos a 15 ex funcionarios de la administración son investigados por autoridades de diferentes países.

Monge Araiza fue puesto bajo caución por la PGR, y llevará su proceso en libertad por lo que la fiscalía le impuso una fianza de 23.1 millones de pesos por el uso indebido de facultades y atribuciones.