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Extraña e inexplicablemente los acusadores por antonomasia del PRI,
son quienes hoy se desgarran las vestiduras para defender a gobernadores y funcionarios deshonestos.

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Editorial 

¿Esquizofrenia u oportunismo?  Los mismos que se han dedicado a etiquetar al PRI como el partido más corrupto de México, son quienes hoy —para sorpresa de muchos— salen en defensa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y atacan abierta o subterráneamente al dirigente nacional del priista, Enrique Ochoa Reza, por retirarle al mandatario sus derechos como militante.

Las acusaciones contra Duarte son graves. Hay  gruesos expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el Servicio de Administración Tributaria, en los registros cotidianos de los veracruzanos, que lo involucran directamente en delitos como enriquecimiento ilícito, creación de empresas fantasma, desvío de recursos, peculado, incumplimiento del deber legal, entre otros.

Duarte no es, como algunos aseguran, un chivo expiatorio. Aunque algunos medios salen ahora con la peregrina versión de que se trata de un linchamiento fast-track, lo cierto es que el mandatario ha venido acumulando acusaciones desde diferentes sectores; que la PGR se tardó en hacer pública la investigación y que el procedimiento de expulsión del PRI debió haber empezado desde hace más de un año.

Tan debió ser  así que hoy el PRI carga con los costos de no haber sancionado a Duarte a tiempo. La derrota que sufrió este partido el pasado 5 de junio en Veracruz se debió, en primerísimo lugar,  al rechazo del electorado hacia un gobierno que percibe y lo sabe deshonesto.

Lo mismo puede decirse de lo que sucedió en las otras seis gubernaturas que perdió el PRI a causa —entre otros factores— de la corrupción y la impunidad de los mandatarios locales.

Los legisladores veracruzanos que publicaron en días pasados un desplegado para “refrendar su apoyo incondicional a Duarte” y utilizaron sin autorización la firma de varios diputados, cayeron en el lugar común de reclamar al PRI nacional que la misma vara utilizada para juzgar al gobernador saliente se utilice contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes.

Es cierto que Yunes no merece estar donde está. Es cierto que el PAN convirtió en candidato a un personaje con una de las biografías políticas más oscuras, cuando dice ser el partido de la “santidad trinitaria”, pero también es verdad que el PRI no tendrá credibilidad ni autoridad moral para señalar los errores de la “casa contraria” mientras la corrupción siga carcomiendo sus entrañas.

Hoy la prioridad para el PRI no es quedar bien —como algunos aseguran— con la agenda del PAN, del PRD o de Morena.

Hoy lo estratégico para el PRI es seguir vigente y la única forma de lograrlo es dando una respuesta contundente a lo que, desde hace muchos años,  le ha venido exigiendo la sociedad: extirpar de sus filas y cultura política la corrupción, la impunidad y la simulación.

Extraña e inexplicablemente los acusadores por antonomasia del PRI, los mismos que se han dedicado a criticar a ese partido por ser tolerante con la impunidad y corrupción son quienes hoy se desgarran las vestiduras para defender a gobernadores y funcionarios deshonestos.

Lo que se advierte en esa defensa, sin duda perversa, es que hay priistas y no priistas a quienes no les conviene tener un partido honesto.

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