El Estado mexicano en el banquillo de los acusados
Por Raúl Jiménez Vázquez
En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos quedó expresamente consignado que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. La remembranza viene al caso porque nuestro país está viviendo un dantesco cuadro que mucho se parece al descrito en este relevante texto jurídico, lo que en buena medida se debe a la impunidad crónica, sistemática y estructural que campea a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ello conlleva el quebrantamiento de numerosas normas provenientes del derecho internacional. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos externó su preocupación por la no sanción a los responsables de los ataques a la dignidad humana. En las resoluciones 2003/72 y 2004/72 de la otrora Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se subrayó la obligación de los Estados de poner fin a la impunidad.
Tal mandato fue reiterado en el informe del relator Louis Joinet sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos, en el Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, así como en la resolución sobre el derecho humano a la verdad emitida por la aludida Comisión de Derechos Humanos.
Así pues, el Estado mexicano está en evidente falta ante la comunidad de naciones y puede ser sujeto de una delicada responsabilidad internacional, la que seguramente cobrará una dimensión mayor merced al inverosímil espaldarazo a la impunidad otorgado por la Suprema Corte, al haber establecido que las autoridades no tienen la obligación de indemnizar a quienes has sido consignados y encarcelados en base a pruebas ilícitas, pues ello no es constitutivo de una “actividad administrativa irregular”.
A pesar de los férreos anillos de complicidad que dan forma a la trama y la urdimbre de la impunidad, ésta empieza a dar pasos claudicantes. Gracias a la valentía y la tenacidad de las víctimas, hoy tenemos a la vista dos ejemplos formidables. El primero es el referente a las agresiones sexuales sufridas por once mujeres durante el ataque desplegado contra la población civil de Atenco en mayo de 2006, caso que en breve será conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, el Estado mexicano será sentado en el banquillo de los acusados.
El segundo tiene que ver con la reciente reclusión de un exsacerdote al que se le imputa haber sometido a abusos sexuales por más de cinco años al ahora joven Jesús Romero Colín, quien está exigiendo que se haga efectiva la responsabilidad por cadena de mando y que el brazo de la justicia alcance a los superiores jerárquicos del religioso.
La lucha contra la impunidad es una trascendental tarea ciudadana. Asumirla en plenitud es la muestra mejor de que se está comprometido con el valor supremo de la dignidad humana.