[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]
Intentan secuestrar procesos que han sido constitucionalmente asignados a quienes fueron elegidos en las urnas.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]
Representan a grupos de interés
Más que las ideas, nos separan los intereses.
Tocqueville
Por José Fonseca
De un tiempo a la fecha han incursionado en los terrenos de la política, del Congreso y de la conducción del gobierno un incierto número de organizaciones no gubernamentales.
En casos particulares, debe reconocerse, han sido valiosas en echar luz sobre situaciones que deben corregirse, abusos por suprimir, prácticas por eliminar.
Sin embargo, hay un número creciente de ONG que, bajo distintos nombres, y bajo la bandera de causas justas, como justicia, anticorrupción y transparencia, han conseguido suficiente apoyo para de alguna manera ahora intentar secuestrar los procesos legislativos.
Los procesos legislativos en toda democracia están a cargo de aquéllos que fueron elegidos para discutir y aprobar leyes, elegidos con los votos de los ciudadanos que periódicamente acuden a las urnas.
Las ONG que ahora reclaman participar en las decisiones del gobierno y en los procesos legislativos de la república hacen eso: intentan secuestrar procesos que han sido constitucionalmente asignados a quienes fueron elegidos en las urnas.
No es cierto, como aducen, que representan a todos los ciudadanos. Representan a los más diversos grupos de interés que coexisten en la república, particularmente a grupos ligados a sectores económicamente poderosos.
Por supuesto que en una democracia que se respete, todos los sectores, económicos, políticos o sociales, poseen el legítimo derecho de defender sus intereses; pero no pueden suplantar a las instituciones constitucionalmente legitimadas por el voto en las urnas.
Claro que pueden aliarse con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, dialogar con ellas y cuando lo crean necesario no sólo pueden, deben cabildear con los legisladores a favor o en contra de legislaciones que beneficien o perjudiquen sus intereses.
Eso no significa que, como pretenden ahora agrupaciones de ONG, tengan el derecho a suplantar la tarea de los elegidos para aprobar las leyes de la república.
Por la simple y sencilla razón que ellos, los miembros y directivos de las ONG, no fueron elegidos por los ciudadanos.
Aquéllos que por la coyuntura política aceptan ser suplantados por los representantes de los grupos de interés, irresponsablemente abren una puerta que, cuando quieran, ya no podrán cerrar.
Por la salud de nuestras instituciones, no permitamos que la tarea legislativa sea secuestrada por ONG que sólo representan a grupos de interés, no a la mayoría de los ciudadanos. Pensar otra cosa es pervertir la democracia.
jfonseca@cafepolitico.com