A solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) se ordenó la aprehensión del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por defraudación y lavado de 8.8 millones de dólares.

Se detalla que el dinero proviene de sobornos por los contratos que otorgó el panista a un amigo para confeccionar uniformes escolares. Además, se señala, Padrés utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda, llamada Dolphinius CV, para realizar múltiples movimientos bancarios internacionales.

Informes federales destacan que de julio de 2011 a julio de 2014, Padrés recibió más de 8 millones de dólares en una cuenta de Wells Fargo Advisors registrada a nombre de Dolphinius.

La PGR indicó que una parte de ese dinero proviene de depósitos por 3 millones 312 mil dólares realizados por Mario Humberto Aguirre Ibarra, empresario y amigo del ex gobernador, que ganó en una cuenta de Wells Fargo Advisors registrada a nombre de Dolphinius.

De acuerdo a un reporte de las autoridades del Reino de los Países Bajos, Dolphinius fue diseñada en junio de 2015 a petición Citco Nederland, la firma financiera holandesa que ayudó a crearla, cuando las sospechas sobre la riqueza de Padrés se hicieron públicas.

El dueño de 99.99 por ciento de Dolphinius era un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, cuyos beneficiarios son la esposa e hijos de Padrés, mientras que el resto pertenecía a otra entidad de papel creada por Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador.

En 2014, se realizó un retiro de la cuenta de Aguirre Ibarra por 8 millones 895 mil dólares, transferidos a la cuenta 280-015223-011 del banco Morgan Stanley, también a nombre de Dolphinius.

Para 2015 ya era pública la investigación de sobornos, 8 millones 830 mil dólares pasaron a otra cuenta de Morgan Stanley, pero a nombre de Padrés, quien movió el dinero a su cuenta en Estados Unidos.

En el mismo año, el entonces gobernador transfirió los 8 millones 830 mil dólares, a nombre de su empresa Minera SWF. Después, esta empresa usó el dinero para comprar 134 millones 229 mil pesos, los cuales fueron dispersados en México a 43 personas físicas y morales.

Hay que recordar que en la Comisión Anticorrupción del PAN se encuentran expresas 26 denuncias contra dirigentes y funcionarios por abuso de autoridad y otras irregularidades.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Felipe Bravo, afirmó que su partido “no defenderá ni solapará” a militantes que hayan cometido violaciones a la legislación penal, incluidos delitos relacionados con el servicio público. Indicó que desde hace semanas se inició una investigación para los casos del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.

“El trabajo de esta institución cumplirá con todos los requisitos de las investigaciones serias, porque no se trata únicamente de hacer anuncios espectaculares”.