Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las leyes anticorrupción aprobadas en los congresos locales de las entidades gobernadas por Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua), al considerar que dichas legislaciones se realizaron durante la veda constitucional y que incluían nombramientos con la finalidad de evadir posibles investigaciones en contra de los mandatarios salientes.
El Pleno de la Corte destacó que, a pesar de que los legislativos locales tienen facultades para modificar las leyes de responsabilidades administrativas a nivel estatal, no era posible hacerlas antes de que se aprobaran las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hay un problema de origen de la norma”, debido a que la inconstitucionalidad de la ley “no es corregible por la publicación y entrada en vigor” de la legislación, dijo el ministro Javier Laynez, quien promovió el caso en Veracruz. José Ramón Cossío Díaz fue el promotor de la causa referente al estado de Chihuahua.
PRI celebra resolución de la SCJN
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia que concluyó a favor de la acción de inconstitucionalidad que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, a las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz y recordó que hace un mes acudió al Senado a impulsar el Artículo 94 Constitucional, para solicitar a la SCJN que atendiera estos casos de manera prioritaria.
En su cuenta de Twitter escribió un mensaje en beneplácito por la decisión de la SCJN en la que aseguró que el PRI en la propuesta y en los hechos, acredita que está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
PGR pide ajustes
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que los gobiernos de esos estados deben ajustar su legislación local conforme a los estándares constitucionales.
La PGR ya tomó conocimiento del fallo dictado por el Pleno de la SCJN, en las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016 contra los decretos emitidos por los Congresos de dichos estados.
“Con esta resolución, las normas impugnadas quedarán sin efecto, por lo que los Congresos de estos estados deberán ajustar el marco regulatorio, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. A efecto de que los sistemas locales anticorrupción cumplan con los estándares constitucionales”, indicó en un comunicado.