[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]
Ningún responsable directo o por cadena de mando ha sido sancionado por haber producido o avalado partes oficiales fraudulentos.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]
Gobierno ciego, sordo y mudo
Por Raúl Jiménez Vázquez
En la entrega anterior hicimos notar que la falsificación de la verdad por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad es una práctica sistemática que cobró su máxima expresión en los trágicos casos de Iguala, Tanhuato y Nochixtlán. Las causas subyacentes en esta delicada irregularidad son de naturaleza multifactorial, empero, todas ellas convergen en la madre de todas las patologías gubernamentales: la impunidad. Ningún responsable directo o por cadena de mando ha sido sancionado por haber producido o avalado partes oficiales fraudulentos, ni siquiera en aquellos contextos en los que se ha evidenciado palmariamente que el entramado mentiroso obedeció al deliberado propósito de crear confusión, criminalizar a las víctimas e impedir que los victimarios sean llevados ante la justicia.
Con tales conductas activas y omisivas se transgrede flagrantemente el derecho humano al acceso a la verdad plena e íntegra, cuya relevancia fue destacada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la sentencia dictada en el caso Bámaca Velázquez. En el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, emitidos por la ONU, se consigna que los pueblos tienen el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos, las circunstancias y los motivos que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes.
El reconocimiento de esta prerrogativa fundamental fue la respuesta categórica al fenómeno creciente de las desapariciones forzadas, lo que se colige del texto El derecho a la verdad, emanado de las Naciones Unidas. La misma visión estratégica fue acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el reporte Derecho a la verdad en América. La Corte de San José, a su vez, se pronunció en términos similares al proferir el fallo inherente al caso Trujillo Oroza:
“La alteración de la verdad es, pues, una falta extremadamente grave ya que implica el desacato de los deberes asumidos ante la comunidad de naciones y puede conllevar el fincamiento de responsabilidades internacionales para el Estado mexicano. Sin embargo, sus efectos perniciosos van más allá de lo jurídico puesto que a través suyo se erosiona la confianza ciudadana y se atenta contra la legitimidad de las instituciones, la cual, como está consignado en la Carta Democrática Interamericana, es una de las vigas maestras del Estado constitucional de Derecho”.
La presente administración se ha mostrado totalmente ciega, sorda y muda ante el creciente avance de esta letal metástasis gubernamental que tanto sufrimiento está causando a seres humanos de carne y hueso. La emisión de un enérgico reclamo ciudadano y el incremento de la presión de los organismos internacionales encargados de la tutela de los derechos humanos podrían permitirnos abandonar ese funesto estado de cosas y aspirar a ver la luz al final del túnel.