El fenómeno de la violencia contra las mujeres es una de las grandes barreras sociales, que a pesar de sus impactos positivos en el desarrollo socioeconómico de los países, la visión androcéntrica y el arraigo del machismo en muchas culturas, todavía ofrece importantes resistencias. Cifras alarmantes de la OMS refieren que casi un tercio de las mujeres en el planeta han sufrido alguna forma de violencia física o sexual. Peor aún, el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja, y de los 12 países con las tasas más alta de feminicidios, cinco son de Latinoamérica.

Afortunadamente, el trabajo de la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos, que han decido sumarse a esta lucha, ha tenido considerables avances. Hoy en día la agenda internacional tiene como uno de sus temas prioritarios erradicar todas y cada una de las formas de violencia contra las mujeres, bajo la perspectiva de la igualdad del género.

Dentro de la gama de las formas y tipos de violencia de género, la violencia política se manifiesta como una forma de violencia que limita y excluye a las mujeres para acceder al poder o a los espacios de toma de decisiones.

Culturalmente siempre han existido diferentes acciones, tradiciones y comportamientos misóginos, sin embargo, conforme las mujeres ganan mayores espacios de participación y de representación, estas formas de violencia se han hecho manifiestas, y en algunos casos, se han exacerbado.

A pesar de que en un sinnúmero de pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y políticos se establecen el principio de igualdad; el derecho de todas y todos los ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos; votar y ser electos en elecciones periódicas, entre muchos otros, la violencia política es una práctica cotidiana que tiene lamentablemente cierta legitimidad por las mismas mujeres que participan en política.

Dado que las formas de violencia son múltiples y cada país decide priorizar la ruta para erradicarlas, la violencia política se difumina entre las demás, siendo que su erradicación abre la puerta a que más mujeres participen en política y puedan apuntalar los demás temas de  nuestra agenda. Datos de la ONU y la CEPAL revelan que la violencia de género tiene presencia en todos los países latinoamericanos y caribeños –en distintos grados y magnitudes por sus propias particularidades–, por lo que deducimos que la violencia política es la que tiene un mayor arraigo.

Independientemente de la gobernanza que hayan tenido o tienen las presidentas latinoamericanas – que no suman más de diez a lo largo de la historia –, sus administraciones han sido las más criticadas y las más observadas, con tintes y matices totalmente machistas. Es una realidad que la participación en la vida pública es incipiente, y a pesar de que se han ganado mayores espacios en el ámbito legislativo, judicial, académico, en la función pública, en los gobiernos locales, entre otros, la proporción sigue siendo menor.

En México, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, ha presentado recientemente una importante iniciativa de ley, que busca armonizar ordenamientos nacionales con el marco internacional de los derechos de las mujeres, para garantizar a las mexicanas su participación en los procesos electorales y en el desempeño de funciones públicas en condiciones de igualdad. Es por ello, que las mujeres latinoamericanas y caribeñas debemos ser más proactivas y propositivas para garantizar todos los derechos de igualdad de género y erradicar la violencia política, debe ser nuestro tema prioritario.

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

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