Tras 10 años de sucedido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) turnó el caso de 11 mujeres detenidas ilegal y arbitrariamente, torturadas, agredidas sexual, física y psicológicamente en las protestas de San Salvador Atenco, Estado de México, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A lo anterior se agregaron faltas al debido proceso, en el marco del reconocimiento de la autoridad estatal y federal de su responsabilidad pero que no derivó en castigo a los responsables de los actos del 3 y 4 de mayo de 2006.

El grupo de víctimas había acudido a la CIDH en busca de justicia y como parte de una medida de presión internacional para que el Estado mexicano reconociera su responsabilidad, esclareciera los hechos y sancionara a los servidores públicos involucrados, además de que se espera que la sentencia de la Corte sirva para que en el futuro no se repitan este tipo de actos y el uso de la fuerza se haga con base en estándares internacionales.

Organismos mexicanos de derechos humanos coincidieron en que la intervención de la CoIDH podría representar la oportunidad para combatir la impunidad que ha prevalecido en el caso Atenco.