En el desamparo es una nueva investigación de El Colegio de México en la que retrata los horrores que se vivieron en dos poblados del país: San Fernando, Tamaulipas; y Allende, Coahuila; en donde se expone una ruptura entre el Estado y la sociedad, poniendo en tela de juicio el ejercicio de las obligaciones de las autoridades con la gente.

Se trata de la comisión de un sin fin de delitos perpetrados por la organización criminal Los Zetas. En agosto de 2010, 72 migrantes fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas. En marzo de 2011, se registró la desaparición de un número indeterminado de habitantes del municipio de Allende, Coahuila.

En esta investigación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) compartieron sus acervos documentales y una vez obtenido el expediente fue revisado en la sede de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

A través del documento, el Colmex concluye de manera inmediata que es “urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal”, y considera que las víctimas se encuentran en el desamparo, por lo que es prioridad atenderles.

Las tragedias

La investigación arroja que ambas masacres fueron el resultado de múltiples factores. Uno de ellos, el principal, es el control “casi total” del crimen organizado sobre diversas regiones de Tamaulipas y Coahuila.

Además, habla de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, iniciada en enero de 2010; también se llegó a la conclusión de que la complicidad de agentes del Estado con Los Zetas fue uno de los factores desencadenantes de la violencia, además de la “indiferencia, ineficacia y/o debilidad de otras dependencias”.

San Fernando

En el primer semestre de 2010 los homicidios aumentaron en la región de San Fernando, Tamaulipas, pero ningún observador anticipó “el nivel de salvajismo que significó la ejecución a sangre fría” de 72 migrantes, ocurrida el 22 de agosto de ese año. Todo esto se dio a conocer porque dos migrantes de Ecuador y El Salvador sobrevivieron y emitieron su testimonio. Relataron que iban en un trailer rumbo a la frontera de Reynosa, pero fueron informados sobre un retén militar.

Por ello, tuvieron que caminar durante una hora para luego ser interceptados por un grupo de personas vestidas con chalecos antibalas y con armas AK-47. “Nos dieron de comer tacos y sodas y en ese momento nos [dijeron] que pertenecían a un grupo denominado como LOS ZETAS, y que nos ofrecían trabajo porque se encontraban en lucha con otras personas del GOLFO, y en contra del EJÉRCITO […] nos pagarían mil dólares por semana”.

En el relato, el migrante cuenta que tras rechazar la propuesta de Los Zetas, fueron atados de manos y vendados de los ojos para ser llevados en tráileres hacia una “casa blanca” en la que los acomodaron por género y les avisaron que los iban a matar, por lo que a quemarropa procedieron.

En el documento se detalla que en 2009 hubo 12.93 homicidios por cada 100 mil habitantes y en el 2010, 100.95, pero en 2011 se recuperaron 196 cuerpos en fosas clandestinas sin esclarecer las circunstancias de las muertes. Asimismo, en 2010 se registraron 39 desaparecidos por casa 100 mil habitantes en aquella región de Tamaulipas.

Allende

La investigación arrojó que Los Zetas llegaron a ejercer el control del norte de Coahuila entre 2004 y 2005 con el fin de reforzar la presencia del Cártel del Golfo. Todo esto lo lograron a través de la eliminación de “la competencia” y con el control del territorio mediante el sometimiento de policías municipales y autoridades locales. Es decir, en 2009, Los Zetas ya tenían “a su servicio” a la policía municipal.

Los hechos de las desapariciones se relatan en una crónica: debido a rencillas entre Miguel Ángel Treviño (Z40), Omar Treviño (Z42) y Alfonso Poncho Cuéllar y “Los Garza”, quienes controlaban la distribución y venta en la región, se ordenó un “operativo” con sicarios e integrantes de la policía municipal para emboscar a “Los Garza”:

“Llegamos y nos metimos a la fuerza y tirando balazos” a la casa de un Garza. Lo capturaron a él, a su esposa y a un hijo menor. Luego de secuestrar a varias personas del municipio, fueron llevadas a lugares de ejecución. Testimonios aseguran que al menos hay 300 personas desaparecidas y que integrantes del Cártel incitaban a los vecinos a la rapiña en las viviendas de los plagiados.

Además, en el recuenta se explica que las personas asesinadas fueron quemadas con diesel y arrojadas en pozos para que desaparecieran por completo: “quedaba pura mantequilla. [Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada]”.

“Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas… No salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio”, detalla el informe en el caso de Allende. 

Gobiernos locales

A pesar de que se tienen pruebas de que los cuerpos policiales de las regiones estaban involucrados en los hechos, tanto Egidio Torre Cantú, entonces gobernador de Tamaulipas, y el gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, minimizaron los hechos y evadieron cuanta responsabilidad les fue posible.

En ambos casos se hizo caso omiso de los hechos y además hubo diversas negaciones para reconocer la crisis de violencia que se vivía en aquellos estados pero, además, en el caso particular de Allende, ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso.

“Los gobiernos municipales fueron cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno estatal de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, insuficiente. ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer las dependencias federales? La información que tenemos es insuficiente para entender las acciones y omisiones del Ejecutivo Federal”.

En total declararon 61 personas involucradas, desde familiares de las víctimas, funcionarios, policías y hasta integrantes de Los Zetas.