Una anécdota más
Por Armando Reyes Vigueras
La suspensión de derechos del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es el primer caso de una larga lista que involucra a mandatarios señalados por distintas irregularidades que incluye lo mismo nombres como César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge o Humberto Moreira. Este caso podría servir como ejemplo de la lucha anticorrupción o convertirse en una anécdota más.
El procedimiento
Si el partido conoce de algún asunto considerado de “gravedad”, y recibe una solicitud para expulsar al militante señalado, la Comisión de Justicia estatal dará inicio al expediente respectivo para iniciar el proceso, dando la oportunidad al inculpado de comparecer para defenderse. Dicho expediente también es turnado a la instancia nacional, la cual dará de igual manera la opción de comparecencia. Al militante acusado, previa demanda de algún otro militante y si la comisión considera fundada la demanda, se le suspenderán sus derechos partidarios en tanto concluyen las investigaciones y, de ser hallado culpable, procedería su expulsión. Ya expulsado, el partido notifica al INE de la baja del militante, quien puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si considera que se violaron sus derechos políticos y ciudadanos. Cabe señalar que la comisión no persigue de oficio, sino previa solicitud.
Defensa
Varios han sido los casos en los que militantes del PRI han recurrido al TEPJF para buscar la protección de sus derechos partidistas ante sentencias de las comisiones de justicia estatal y nacional. Un ejemplo lo tenemos en el expediente SUP-JDC-1776/2006, en el cual Jorge Constantino Kanter, militante de Chiapas, buscó revertir la suspensión de sus derechos debido a una acusación de “deslealtad”. El tribunal expuso en el documento, “la suspensión en los derechos partidistas debe encontrarse plenamente justificada mediante la manifestación clara y precisa de los motivos que, a criterio del órgano partidista competente, conduzcan a sostener la idoneidad y necesidad de semejante medida”. El TEPJF resolvió dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Justicia del PRI en este caso.
Caso Duarte
La Comisión de Justicia Partidista del PRI anunció que los derechos como militante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, eran suspendidos por dañar la imagen del partido. Duarte enfrenta una investigación en su contra por parte de la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros temas. Por el momento, para proceder en su contra es necesario que se lleve a cabo un juicio político para retirarle el fuero, o esperar a que termine su periodo al frente del gobierno estatal el próximo 1 de diciembre.
Caso Granier
Si bien Andrés Granier terminó en la cárcel, desde junio de 2013 —cuando fue detenido—, diversos actores políticos vinculados con el PRI pedían su expulsión del partido por actos de corrupción. Incluso, el excandidato presidencial y exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, se pronunció en tal sentido, pero en noviembre de ese mismo año no había sido expulsado del tricolor pues, declaró Sadot Sánchez Carreño, secretario de asuntos jurídicos del partido, no había solicitud de algún militante para que Granier quedara fuera.
Caso Villanueva
En 2001, Mario Villanueva Madrid fue detenido luego de dejar el gobierno de Quintana Roo. Acusado de lavado de dinero, narcotráfico y conspiración para introducir drogas en Estados Unidos, pudo salir libre en 2007 para ser de nueva cuenta detenido para purgar una sentencia por 32 años en una cárcel de la Unión Americana. Fue expulsado del PRI luego de ser declarado culpable.
Caso Yarrington
Tras dejar la gubernatura de Tamaulipas, Tomás Yarrington fue señalado por enfrentar un juicio en Estados Unidos relacionado con narcotráfico, que incluye contrabando de drogas y lavado de dinero. Sus derechos partidistas fueron suspendidos, pero como se encuentra prófugo —con orden de aprensión en su contra—, su expulsión no se ha concretado.
Caso Moreira
Pese a que dejó el gobierno de Coahuila con una abultada deuda que creció durante su administración, que incluyó la presentación de documentación falsa, Humberto Moreira continúa siendo priista. El 20 de enero de 2016, el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Rafael Ortiz, declaró que la comisión a su cargo no puede expulsar al exgobernador, pues aunque los estatutos prevén la expulsión cuando hay un “delito en el ejercicio de las funciones públicas”, no hay una solicitud para proceder.
Caso Medina
Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, enfrenta un juicio por ejercicio indebido en la entidad, además de que se exculpó de una acusación por peculado relacionada con el tema de la armadora KIA. Armando Barajas, consejero político priista, solicitó que le fueran suspendidos sus derechos como militante, pero la Comisión de Justicia Partidista aún no ha dado a conocer el dictamen respectivo.
Caso Borge
Una pesada deuda para Quintana Roo, diversas acusaciones de irregularidades y enfrentamiento con medios locales son parte de la herencia que deja Roberto Borge, a pesar de lo cual no enfrenta directamente alguna investigación en su contra. No asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador, Carlos Joaquín, y se desconoce su paradero actual.
En el PAN
Tras la llegada de Ricardo Anaya a la presidencia blanquiazul, en agosto del año pasado, se creó una comisión anticorrupción a cargo de Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del partido; luego de que se aprobara su reglamento, tanto por el partido como por el INE, este mes inició la revisión de los expedientes de la expresidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, y del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.