Campaña en su contra
Por Alfredo Ríos Camarena
En los gobiernos liberales existe, como una condición fundamental de su desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, particularmente los que protegen las libertades cívicas y espirituales, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión, que le dan forma y sentido al carácter democrático.
En México, los artículos 1, 6, 7, 9, 24 y otros más reflejan el contenido garantista de nuestra Carta Magna, consagrando estos valores de la sociedad como una de las razones del Estado nacional. Es decir, la libertad de expresión es fundamental y debe ser preservada, no podemos olvidar que la embestida de la propaganda negativa contra el presidente Madero —propiciada por intereses externos— desembocó en el asesinato de este prócer y de su vicepresidente Pino Suarez, pues los responsables históricos de ese crimen fueron varios, pero principalmente la embajada de Estados Unidos, encabezada por el nefasto Henry Lane Wilson. Viene esto a colación porque en los últimos meses se ha desatado una brutal campaña contra el presidente Peña Nieto que debemos valorar en su justa dimensión, pues no se trata de una defensa del Poder Ejecutivo Federal, sino de ponderar los factores internos y externos que la están provocando. Hace pocos años se necesitaba ser valiente para atacar al presidente, hoy se requiere serlo para defenderlo.
La política principal de Peña Nieto ha sido la consecución de las reformas denominadas “estructurales” para lo que se requirió el Pacto por México y las negociaciones en el Congreso con los gobernadores locales y con los partidos, para sacarlas adelante.
Esta difícil negociación ha traído como consecuencia que el poder del Ejecutivo federal se vea mermado, disminuido por negociaciones que han ido más allá de estas reformas y que se traducen en la entrega de posiciones financieras y políticas de cargos públicos, como las delegaciones federales, los fideicomisos de apoyo a programas operados por personajes de la oposición, o las que decide el Congreso, donde se han partidizado, indebidamente, muchos cargos que deben ser autónomos e independientes.
Cuando un partido gana las elecciones del Ejecutivo y la mayoría relativa en el Congreso, debe ejercer el poder a plenitud, en función de sus principios y de su ideario. Ceder, concesionar o entregar conduce a la debilidad de un régimen político.
Es tiempo ya de que el presidente Peña Nieto asuma a plenitud su fuerza política, para sacar adelante la nación, más allá de las inmerecidas concesiones a minorías que medran con patentes de corso y con siglas de poca importancia popular.
Estos dos años son suficientes para dar un golpe de timón y conducir, con mano firme, la nave de la república.
La unidad de los mexicanos debe transitar por un respeto elemental a los poderes de la Unión, no en un afán de someterse ciega y sumisamente a estos, sino de consolidar el proyecto de la república. No se trata de una defensa a ultranza de personas, sino al entendimiento claro de que las instituciones nacionales deben ser la estructura que permita avanzar hacia un mejor futuro.
Elecciones respetadas y respetables, mejor distribución de la riqueza, ataque frontal a la corrupción, impulso a la producción y al desarrollo, alto a la impunidad y al crimen organizado y seguridad para todos, son objetivos que sólo se logran cuando existen principios generales que están más allá de las obsesiones mezquinas del poder y de los intereses bastardos de los beneficiarios de la pobreza y de la desigualdad.
