Por Manuel Nava
A un año del gobierno de Héctor Astudillo, la violencia por la guerra del narcotráfico, las movilizaciones sociales y la economía desplomada aún se mantienen como una constante.
Buena parte de esta problemática es herencia. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los hallazgos de fosas con cadáveres, las confrontaciones de superbandas de narcotraficantes, la extorsión y el derecho, salida de capitales y el éxodo de familias.
El quebranto de las finanzas públicas fue parte de una herencia que afectó el desempeño del nuevo gobierno en la entidad, que después de 10 años volvió al PRI.
Las administraciones de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega como sustituto, se caracterizaron por los señalamientos de corrupción y desvío de recursos. Los primeros indicios ubicaron que uno de los principales beneficiarios con la transferencia de recursos a empresas fantasmas fue el empresario de origen colombiano Miguel Caballero, quien recibió 60 millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos, también destacan las empresas Battery Network, con nueve contratos por casi tres millones de pesos, sólo en el rubro de seguridad pública.
Por otra parte, de acuerdo a un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) durante el primer semestre del año, ocurrieron en el estado mil 52 homicidios dolosos. Aunque en efecto hay una disminución estadística en octubre con respecto al anterior, la entidad es aún la segunda a nivel nacional con más asesinatos acumulados a lo largo del año.
La disputa existente por el territorio en diversas localidades de Guerrero, entre los grupos del narcotráfico identificados como Guerreros Unidos y Los Rojos permanece con reacomodos necesarios a partir de la reconfiguración de las bandas bajo la égida de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
Las riquezas jugosas que genera una mina de oro de la canadiense Goldcorp en Guerrero constituyen el motivo para que la guerra entre los traficantes de heroína, sean cada vez más cruentas.
Si bien en octubre se lograron acuerdos que bajan la tensión vivida en la entidad a lo largo del año, la naturaleza de los mismos parece ser solo una tregua al no resolver el punto de origen de los conflictos.
El pasado 18 de octubre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), encabezado por Antonio Morales, anunció el levantamiento del plantón que mantenían en el zócalo de Chilpancingo.
El dirigente magisterial manifestó que el acuerdo con el gobernador incluye el pago de los salarios a decenas de maestros suspendidos por participar en el movimiento contra la reforma educativa; desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes, y la revisión de algunos casos de presos políticos recluidos en penales de la entidad.
En la víspera del informe de gobierno fue detenido Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, considerado pieza clave para esclarecer los ataques a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como la desaparición de 43 de ellos.
Situación económica
La entidad se mantiene con una baja generación de empleos y un alto índice de pobreza laboral. El 63 por ciento de la población de Guerrero está en pobreza laboral, es decir, no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de todos los integrantes del hogar. Durante el periodo 2011-2014 se generaron apenas 2 mil 500 plazas de trabajo.
Es el segundo estado con mayor tasa de informalidad, después Oaxaca, y el quinto en el que se ha incrementado más este fenómeno en los últimos 10 años. Los segmentos de la economía que tradicionalmente son las de mayor dinamismo son el turismo y la minería.
A lo largo del 2016 se anunciaron inversiones privadas para la entidad como la empresa Prodotec de inversionistas chinos que mostraron su interés en invertir en los municipios Pungarabato, Iguala, Eduardo Neri, San Marcos y Acapulco.
También se anticipó la instalación de una fábrica para la elaboración de maquinaria industrial agropecuaria en Pungarabato, la empresa automotriz Chery en el municipio Iguala, con un recinto aduanal interno en Zumpango y un puerto de altura en San Marcos.
Expectativas
En los próximos cuatro años se espera una inversión por el orden de los mil 200 millones de dólares, equivalente a un aproximado de 22 mil o 23 mil millones pesos para impulsar la agroindustria de alto rendimiento, obras de infraestructura, turismo, minería y la Zona Económica Especial.
Por el lado federal la SAGARPA anunció que a través de programas como el PESA se contempla una inversión de 500 millones de pesos para beneficiar a 26 mil familias de zonas vulnerables. Todas inversiones de mediano plazo.
Pero el 2017 ya dibuja nubarrones de tormenta. La falta de un presupuesto suficiente y ordenado generara fuertes dificultades y entre ellas figuran créditos fiscales del orden del orden de los 3 mil 945 millones de pesos por no enterar el ISR al Sistema de Administración Tributaria, que se compone por adeudos de la secretaria de educación en el estado por 3 mil 303 millones de pesos; secretaria de salud por 627 millones y casi 15 millones más de otras dependencias.
A ello se suma el pago de la deuda institucional como es la Autopista del Sol o el adeudo a los bancos, que anda en los 3 mil millones de pesos.
Ante el anuncio del gobierno federal del recorte para el ejercicio fiscal 2017, el estado de Guerrero requiere por lo menos conservar el presupuesto aprobado para este año que fue de poco más de 49 mil millones de pesos de lo contrario se tendrían afectaciones en la operación de muchos programas, así como el gasto corriente.