La Procuradora General de la República, Arely Gómez, dijo que las investigaciones contra Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, es un trabajo serio y cuenta con elementos suficientes para llevarlo a juicio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual se ordenó su búsqueda en todo el país.

En conferencia de prensa, la titular de la PGR detalló que, derivado de una denuncia, la dependencia empezó a realizar toda la investigación para ver si era posible, si se cometía, o había alguna vinculación de Duarte con algún ilícito.

Asimismo, reveló que son siete personas a las que se les giró orden de aprehensión, las cuales se suman a las dos personas detenidas y relacionadas en este caso, el cual derivó de las pesquisas a empresas fantasma que servían de proveedoras de insumos al gobierno del estado.

“Es un grupo de nueve personas, entre ellos Duarte, de las cuales, fueron detenidas dos personas y seguimos tras la captura de todos estos sujetos. Después de estar trabajando, de una manera seria, profesional y con elementos suficientes, se presentó como Carpeta de Investigación ante el Juez, quiero decir que es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el Sistema Penal Acusatorio, y el Juez, después de un análisis y de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión”, expresó.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no existe ningún pacto con aquellos que cometan delitos, y sostuvo que respetaran el estado de derecho para no violar las garantías de los imputados. Además, negó que el Gobierno de las República haya permitido que se escapara Duarte.

“Creo que queda claro y acreditado que este gobierno sí actúa y sí responde y estamos hablando de él, estamos hablando de otros que estén en las misma circunstancia, estamos trabajando para su localización”.

SFP vs suegro de Duarte

Manuel Martínez de Leo, ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto desvío de apoyos al campo y por una supuesta sociedad con Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte.

El pasado 21 de septiembre, la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP citó a Martínez de Leo para aclarar incongruencias entre sus declaraciones patrimoniales y los bienes que son suyos.

Presuntamente Martínez se enriqueció desde antes de llegar al Gobierno de Veracruz, entre 2006 y 2010, cuando ocupó cargos en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), entidad de la Secretaría de Agricultura federal, de la que fue director general.

En un documento firmado por Felipe Prezas Simb, director general adjunto de Verificación Patrimonial, se destaca: “”Las presuntas incongruencias en su patrimonio, derivan de las constancias que integran el expediente en que se actúa”. Sin embargo, la SFP no localiza a Martínez Leo en los domicilios que tiene registrados, el citatorio fue publicado por edicto en el Diario Oficial de la Federación.

Martínez de Leo dejó su cargo en Aserca el 7 de septiembre de 2011, y se desconoce la fecha en que la SFP le inició el procedimiento, que es la acción necesaria para interrumpir la prescripción.

PRI acelera expulsión de Duarte

En un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, se acordó acelerar el proceso “sancionatorio” contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Aseguró que resolverá con la inmediatez necesaria el proceso de expulsión del gobernador priista.

“Conforme a la normatividad del PRI, la Comisión es el organismo facultado para sancionar a sus militantes. Ha acordado esta tarde resolver con la inmediatez necesaria el proceso de expulsión de Javier Duarte”, dice el documento.

El Revolucionario Institucional recordó que en las denuncias presentadas por los militares del PRI en contra de Duarte existen diversas causales para pedir que sea expulsado de las filas del partido.

Los militantes Armando Barajas y César Mora acusaron al gobernador de incurrir en faltas que atentan contra la unidad del PRI, acciones contrarias a los lineamientos partidistas, actos de falta de probidad y delitos en funciones públicas encomendadas.

Asimismo, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que los corruptos no podrán permanecer en el tricolor. “Los corruptos no tendrán cabida entre una militancia que demanda transparencia, rendición de cuentas y lucha frontal con quienes medran con los recursos públicos o con quien es lucran con las más sentidas necesidades de la población”.