Indispensable encontrar soluciones de fondo
Por Flavio Galván Rivera
Con el tema genérico “Constitución y Judicatura”, el 14 de octubre del presente año se celebró la 11 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), integrada por jueces y magistrados, federales y locales, de toda la república; de todas las materias y de todos los niveles de la jerarquía jurisdiccional, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para su análisis y propuestas se abordaron seis temas: Poder Judicial garante de la Constitución; Justicia del siglo XXI; Constitución y género; Constitución y justicia restaurada; Constitución y garantías judiciales, y Constitución y justicia cotidiana.
El tema de la justicia cotidiana surgió al comentario común y al análisis de los profesionales del derecho, incluidos jueces y magistrados, con motivo del mensaje a la nación, expresado el 27 de noviembre de 2014, por el presidente Enrique Peña Nieto, intitulado “Por un México en paz con justicia y desarrollo”.
El presidente dijo que “…la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda… Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad. A pesar de esta realidad… evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas”.
En la asamblea de referencia se abordó el tema de la justicia cotidiana, con una rica pluralidad de opiniones, sin olvidar que, conforme con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido a los gobernados hacerse justicia por propia mano, quienes tampoco pueden recurrir a la violencia para ejercer sus derechos o para exigir que sean respetados por los demás. En cambio, el Estado debe instituir los tribunales necesarios para resolver los conflictos de intereses jurídicos, mediante la aplicación del derecho.
Estos tribunales, previamente establecidos, deben impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, en los plazos y términos previstos en la ley, expedida con anterioridad al hecho, quedando prohibidas las costas judiciales.
En consecuencia, surge una pregunta fundamental: ¿por qué en la vida cotidiana la justicia es lenta, compleja y costosa?
Las respuestas son múltiples. En opinión del suscrito, por la judicialización exagerada de la vida diaria; por falta de cultura de la juridicidad; por mala o inexistente educación cívica; por falta de ética profesional; por incompetencia de los juzgadores; por falta de ética de los juzgadores…
Vayan en vía de ejemplo las siguientes reflexiones. Todos: hombres y mujeres; niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos; con independencia de su estado civil, situación social, económica y cultural, hablan de sus derechos y, en especial, de los derechos humanos; por tanto, exigen su pleno ejercicio y respeto cabal.
¿Quién habla de deberes y obligaciones? ¿Quién está dispuesto a cumplirlos voluntariamente; sin presión o coacción jurídica, ya del Estado o del gobernado? ¿Quién cumple sus deberes por el solo pero suficiente convencimiento de ser el lado opuesto y complementario de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas?
Es verdad que el derecho es vida humana normada. La norma jurídica reconoce y tutela derechos pero también impone deberes; el derecho de uno acaba en donde empieza el derecho de otro o de los demás. El ser humano, natural y necesariamente, vive en sociedad, desde la familia hasta el Estado, lo cual implica siempre una organización jurídica y política, constituida de derechos y deberes.
La transgresión de los derechos o el incumplimiento de los deberes genera el conflicto, que difícilmente es resuelto por los mismos interesados, quienes ocurren a un juez, en busca recíproca de la solución justa, en su respectivo beneficio, y lo que debería ser excepción se convierte en regla, razón por la cual se saturan de expedientes todos los tribunales, sin que el sistema oral pueda ser la panacea o la solución milagrosa que extinga el rezago judicial.
A esta “litigiosidad” se suma la conducta antiética de algunos abogados, que no están dispuestos a resolver el problema, porque es fuente de ingresos económicos; por tanto, procuran complicar el problema, para agotar todas las instancias, de tal suerte que lo que bien pudiera resolver un juez cívico o de primera instancia, llega a los tribunales de apelación, para continuar en los de amparo, hasta agotar el recurso de amparo en revisión, además de todas las instancias incidentales que puedan promover.
En otras circunstancias, también la incapacidad profesional de los abogados postulantes propicia el recorrido jurisdiccional mencionado.
Ante este panorama cabe preguntar ¿qué clase de profesionales del derecho están egresando de las escuelas y facultades que imparten esta especialidad?
En contraposición, también se debe analizar la actuación de los juzgadores. La improvisación, la ausencia de especialización, la politización en las designaciones, la falta de actualización o de preparación académica de posgrado, la inexistencia de concursos de oposición, la falta de permanencia en el cargo, la corrupción en todos sus aspectos, convierte la impartición de justicia en injusticia cotidiana.
Por el bien de México, se deben encontrar y practicar soluciones de fondo.
