Más que inconstitucional, el proyecto de Constitución de la Ciudad de México representa, tal y como está, una amenaza al orden jurídico institucional del país.
Y lo es no solo porque existan en su lenguaje y trasfondo político reductos de una ideología comunista retrógrada que ignora la existencia de la propiedad privada, sino porque busca poner las bases no de la autonomía, sino de la independencia de la capital del país que es, a su vez, asiento de los poderes federales.
Es un documento con tufo secesionista que de ser aprobado provocaría, por su efecto multiplicador, la balcanización de la república mexicana.
Sin poner en duda la buena fe y el idealismo humanista de quienes la propusieron y redactaron, se advierte que el intento vanguardista termina siendo una apuesta a la pauperización de la Ciudad de México.
En lugar de promover un modelo de metrópoli generadora de empleo y riqueza, de comercio legal con claras obligaciones fiscales, incentiva el ambulantaje y la formación de organizaciones corruptas que sólo ha enriquecido a líderes y beneficiados a partidos políticos.
En la Carta de Derechos se habla de una “ciudad refugio” que estará obligada a proteger a migrantes y exiliados independientemente de su situación migratoria. Se advierte, incluso, que no deben ser criminalizados. Es verdad que el migrante y el perseguido político merecen recibir toda la atención humanitaria que se requiera, pero tal y como está redactado el texto, se abre la puerta a convertir la capital en un escenario parecido a Cuando el destino nos alcance. En un campamento lo mismo de terroristas, agitadores y activistas internacionales como los que vinieron a dormir en el tristemente célebre plantón de avenida Reforma que organizó Andrés López Obrador en 2006.
El diputado constituyente y excandidato a la Presidencia de la República en el 2012 Gabriel Quadri, dijo al fijar la posición de su partido Nueva Alianza que, en aras de una pluriculturalidad a ultranza, se termina cayendo, paradójicamente, en un esquema de segregación, que lejos de permitir la inclusión y el respeto a la diversidad divide a la población en feudos raciales.
César Camacho, coordinador de la bancada priista, señaló el problema jurídico fundamental del proyecto: “Una Constitución debe tener derechos, no deseos…”.
Y es que se está ante una verdadera oda a los derechos, algunos inexistentes; otros innecesarios, algunos más imposibles de garantizar como aquel que se refiere a que “toda persona tiene derecho a una sexualidad plena…” Pues sí, ¿y… luego?
En contraparte al diccionario enciclopédico sobre derechos, no hay obligaciones. Ni siquiera se menciona a las que existen en la Constitución general de la república.
Y sobre este vacío hay que decir varias cosas. A fuerza de querer elaborar un documento vanguardista y progresista, liberal y democrático —para ceñirnos al vocabulario ahí empleado— se termina dando seguridad, no al ejercicio de los derechos humanos, sino al caos y a la arbitrariedad.
La exacerbación de derechos da posesión, de facto, a la emperatriz impunidad. Sin obligaciones que cumplir, no hay derechos —paz, libertades, seguridad, orden— que se puedan garantizar.
Hoy la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México no solo pasa por satisfacer gustos y deseos, sueños o anhelos. Se trata de un asunto de seguridad nacional.