Preservar la memoria colectiva
Por Raúl Jiménez Vázquez
En el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, normatividad aprobada por la asamblea general de la ONU, se preceptúa que las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados y las circunstancias que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes. Asimismo se indica que el conocimiento por los pueblos de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y debe ser preservado mediante medidas apropiadas, las cuales deben tener por objetivo preservar del olvido la memoria colectiva y evitar el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas.
Así pues, el derecho inalienable a la verdad y el deber de preservar la memoria histórica son dos importantes instituciones que gozan de un indiscutible reconocimiento dentro del ámbito del derecho internacional. Su trascendencia jurídica, social y política ha sido subrayada por la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el fallo dictado en el emblemático caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, donde se consignó que se trata de un binomio inherente al paradigma de la sociedad democrática, pronunciamiento que es enteramente coincidente con lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana proclamada por la asamblea general de la OEA.
Además de directivas jurídicas de observancia obligatoria, verdad y memoria histórica son dos de las exigencias ciudadanas más sentidas, tal como ha sido puesto de manifiesto en las numerosas manifestaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras tragedias que han dado rostro a la tremenda crisis de derechos humanos en la que se halla envuelto nuestro país.
En ese contexto, es de saludarse entusiastamente el proyecto “Memoria y Verdad” que en fecha reciente pusieron en marcha el INAI y la organización Artículo 19, quienes pondrán a la disposición del público, vía internet, la información relativa a las violaciones graves a derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad cometidos en México, incluyendo las atrocidades innombrables perpetradas en Tlatelolco, San Cosme, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya y Ayotzinapa.
Empero, tal acción es insuficiente y tiene que ser complementada con otras medidas, como la apertura de los archivos de la Sedena en los que debe constar qué fue lo que sucedió a lo largo de la inefable guerra sucia tanto en el campo militar número uno como en las instalaciones de San Miguel de los Jagüeyes, en las que, según declaraciones del soldado Zacarías Osorio ante una corte canadiense, se llevaron a cabo fusilamientos masivos de opositores al régimen.
El giro estratégico hacia la verdad es ya imparable, como también lo es el imperativo ético y jurídico de llevar ante la justicia a los responsables de los horrendos crímenes de Estado que aún permanecen impunes, los cuales son de naturaleza imprescriptible.
