Por Marco Antonio Aguilar Cortés

Arely Gómez González, procuradora General de la República, expresó desde Guadalajara: “debe evitarse que la violencia arrebate a las personas su tranquilidad y que el miedo condicione la justicia”. Al menos eso fue lo que los medios masivos de comunicación informaron.

Lo primero a evitar, por parte de la procuración de justicia, es la violencia, ya que no sería aceptable ni posible que se deje la violencia tal como está en el país, y que exclusivamente se evite que dicha brutalidad nos arrebate, a los gobernados, nuestra tranquilidad.

Entre el derecho y la vida, la tranquilidad y la violencia no pueden hacer pareja, y esto lo sabe el más limitado de los pasantes que esté haciendo su servicio en alguna agencia del ministerio público.

Por otra parte, “que el miedo condicione la justicia” no debe ser aceptado jamás, y en esto acierta la ciudadana procuradora, siempre y cuando tampoco se permita, por parte de los órganos encargados de la procuración de justicia y de los organismos jurisdiccionales, que la justicia emanada de ellos no vaya a condicionar o a provocar miedo y pavor en los justiciables.

Cuando un miembro de las fuerzas armadas, o un elemento de la procuración de la justicia, o un integrante del Poder Judicial es afectado por criminales nos agravia a toda la sociedad, y nos inquieta que quienes tienen como atribución protegernos sufran por ello.

Y en ese caso, a más de agradecerles, les debemos brindar nuestro apoyo y estímulo para que no tengan miedo y para que jamás claudiquen.

Pero también, a ellos mismos, les pedimos que nunca siembren el miedo en la población, porque así jamás auxiliarán a la justicia y, en cambio, sí motivarán que esta sea vista como generadora de temor, y no de confianza.

Tengo para mí, al margen de las encuestas que el INEGI ha elaborado al respecto, que la sociedad mexicana cree más en el Poder Judicial que en las procuradurías y en los órganos policiacos.

Y obvio que esa misma población tiene mayor simpatía por los ministerios públicos que por los policías.

Como también observo que los justiciables esperan mejores resolutivos del Poder Judicial de la Federación que de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Nada hay perfecto; todo es perfectible. Esto vale más en seguridad pública, procuración de justicia y en los órganos jurisdiccionales. Empero, en México, merece mayor aceptación social el Poder Judicial que el Legislativo y el Ejecutivo, tanto estatal como federalmente.

Y mucho debe llamar nuestra atención que el INEGI, según notas en medios masivos, dé a conocer que “69 por ciento por ciento de los mexicanos no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, pero sin precisarnos el método y los términos de su publicitada encuesta.

De ser cierto lo anterior, andaríamos en focos rojos en todo lo de gobernabilidad.

Por bien de todos, restablezcamos, honesta y eficazmente, la credibilidad mutua.