Un informe de la cuenta pública de Veracruz, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), reveló un desfalco por 9 mil 231 millones 889 mil 559 pesos, daño patrimonial al Estado de Veracruz.
El Congreso local determinó que ese dinero faltante ocurrió durante el 2015, en la administración del gobernador saliente Javier Duarte, por lo que se llevarán a cabo las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables en cada una de las secretarías.
El titular de la ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, informó que fueron realizadas mil 28 auditorías a las Cuentas Públicas de 2015. Durante la presentación de los resultados de las auditorías, Julen Rentería, diputado del Partido Acción Nacional, detalló que la Secretaría de Desarrollo Social del estado desvió 431 millones de pesos, mientras que en la Secretaría de infraestructura y Obras Públicas los recursos ascienden a 40 mdp. En la Secretaría de Educación no se justificaron 7 millones 232 mil pesos, y en la Secretaría de Finanzas faltan un millón 62 mil pesos. Además, no se han comprobado 2 mil 993 millones en el Instituto de Pensiones del Estado.
Portilla aclaró que estas irregularidades son sólo del año pasado y que es pertinente urgir al Congreso a presentar las denuncias correspondientes. “Esto es un escándalo más que confirmado, lamentablemente, en donde explica el por qué en la escasez de dinero del estado”, dijo en conferencia de prensa.
Al final juicio contra Duarte
La subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados acordó analizar las demandas de juicio político contra servidores públicos en el país, pero lo hará en orden cronológico, por lo que debatirán las 352 denuncias desde 2003 a la fecha, lo cual dejaría el caso de Javier Duarte hasta el final de la lista de espera.
En su primera reunión ordinaria acordaron dividir en dos bloques el análisis y dijeron que “No tiene nada que ver con lo penal, sino son castigos políticos de inhabilitación o destitución de cargo las posibles consecuencias”, por lo que es prudente ir avanzando en ese sentido.
La legisladora priista, Mercedes Guillén, quien preside la Comisión de Gobernación negó que se trate de “plan con maña” para aplazar los casos en turno y recordó que la legislación prevé el desahogo de cada una de las demandas de juicio político en orden cronológico.