Vencer el miedo y no callar

Por Raúl Jiménez Vázquez

Impedir la consumación del designio de la impunidad, alejar del olvido a quienes han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos, construir la memoria histórica, conlleva esfuerzos verdaderamente titánicos. Vencer el miedo, superar el sentimiento de culpa, decir no a la depresión, no callarse, alzar la voz, convertir el dolor y la indignación en exigencia de verdad y justicia; es el primer desafío al que es preciso hacer frente en aras de dar curso a ese imperativo ético, político y humanitario.

Empero, ello no basta, también es menester sortear las asechanzas que suelen ponerse en juego a fin de hacer mella y debilitar la voluntad de quienes pretenden hacer efectivo el derecho humano a la rendición de cuentas. El repertorio de esas reprobables maniobras es sumamente vasto y pasa por criminalizar a las víctimas o sus familiares, inocularles el sentimiento de la desesperanza, someterlos a linchamientos mediáticos, traerlos “del tingo al tango”, obligarlos a alterar sus esquemas de vida, envolverlos en un alud de mentiras, abrir “mesas de negociación” con el sólo propósito de desgastar, dividir, cooptar. Filtrar amenazas, fabricar expedientes penales, utilizar a personeros ad hoc para acosarlos legalmente, etc., son otra sarta de recursos maliciosos de los que regularmente se echa mano a efecto de volver ilusorio el castigo a los responsables directos o por cadena de mando.

En esa impresionante clave de genuino heroísmo ciudadano están escritas las luchas emprendidas por personajes de la talla de Raúl Álvarez Garín, Rosario Ibarra de Piedra, Tita Radilla, el obispo Samuel Ruiz, el obispo Raúl Vera, el padre Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, el exsacerdote Alberto Athié, los sobrevivientes de la matanza de Acteal y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A esa pléyade de seres humanos ejemplares debe añadirse ahora a 11 mujeres que fueron agredidas sexualmente durante el ataque desplegado en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Luego de 10 años de una admirable lucha, a lo largo de los cuales las autoridades trataron de arrancarles la dignidad y la esperanza, finalmente lograron que su caso fuese acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado mexicano tendrá que responder a los graves cargos que le fueron imputados en el informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: denegación de justicia, desacato al debido proceso, exoneración de quienes llevaron cabo actos de tortura física, psicológica y sexual; ausencia de una indagatoria profunda en torno a los responsables por cadena de mando del operativo policiaco, cuya defensa por el entonces candidato presidencial del PRI en las instalaciones de la universidad Iberoamericana hizo brotar el movimiento #YoSoy132.

La resistencia ciudadana contra el olvido y la impunidad es una impresionante reserva moral y demuestra contundentemente que muchos sectores de la sociedad están resueltos a transformar de raíz la faz de nuestra atribulada nación.

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